El relevo en la conducción de la política exterior de México ha entrado en su fase legislativa definitiva con el inicio de los encuentros entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo. Tras la designación realizada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Roberto Velasco Álvarez ha comenzado una serie de reuniones estratégicas con los liderazgos del Senado de la República, buscando asegurar una transición ordenada y eficiente en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Este movimiento responde a la salida de Juan Ramón de la Fuente, quien se retiró de la vida pública por motivos de salud, dejando la responsabilidad de la diplomacia mexicana en manos de un perfil que combina juventud con una trayectoria técnica consolidada en la relación bilateral más compleja para el país: la de América del Norte.

Velasco Álvarez, quien se desempeñaba anteriormente como subsecretario para América del Norte y que ya había fungido como encargado de despacho en meses previos, cuenta con el respaldo de la Jefatura del Estado para encabezar los retos que plantea el año 2026. Su perfil académico como maestro en Políticas Públicas por la Universidad de Chicago y su experiencia previa en la Dirección General de Comunicación Social de la propia Cancillería lo posicionan como un conocedor profundo de la estructura operativa de la SRE. En sus primeros acercamientos con la Junta de Coordinación Política (Jucopo), encabezada por el senador Ignacio Mier, se ha enfatizado la importancia de mantener una política exterior basada en la soberanía, la cooperación económica y el fortalecimiento de la red consular para la protección de los connacionales en el extranjero.

El proceso de ratificación, que se espera sea ágil dada la mayoría legislativa y la trayectoria del propuesto, representa un paso crucial para la estabilidad institucional. La llegada de la solicitud formal por parte de la Presidencia de la República activará las comisiones correspondientes donde Velasco deberá exponer su plan de trabajo, enfocado en la modernización tecnológica de los trámites migratorios y el fortalecimiento de los tratados comerciales regionales. Este cambio de mando en la Cancillería ocurre en un momento de intensa actividad diplomática, donde la figura del nuevo Secretario será fundamental para coordinar las agendas de seguridad y movilidad humana que dominan la relación con los vecinos del norte. Con este relevo, la administración de Sheinbaum apuesta por una diplomacia de resultados técnicos y una comunicación directa que permita a México navegar los desafíos de la agenda global con una voz renovada pero experimentada en las mesas de negociación de alto nivel.

En una respuesta contundente a las recientes conclusiones del Comité contra la Desaparición Forzada (CDF) de la Organización de las Naciones Unidas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, calificó el documento como «tendencioso» y carente de rigor jurídico. Durante su conferencia matutina de este martes, la mandataria aseguró que el informe tiene una orientación política clara que busca criticar a su administración y llevar el tema ante la Asamblea General de la ONU, ignorando sistemáticamente los avances técnicos y las instituciones creadas en los últimos años para enfrentar este flagelo. Según Sheinbaum, el gobierno federal no aceptará un análisis que «extrapola» situaciones pasadas para presentarlas como una política de Estado vigente en el 2026.

El punto central de la discordia reside en que el Comité de expertos de la ONU basó gran parte de su análisis en casos ocurridos entre los años 2009 y 2017 en estados como Coahuila, Veracruz, Nayarit y Jalisco. La jefa del Ejecutivo Federal señaló que el organismo internacional cometió un error metodológico al concluir que «todo es lo mismo», omitiendo que muchos de los exgobernadores de esas entidades hoy se encuentran detenidos y bajo proceso, precisamente por acusaciones de colusión con el crimen organizado o desaparición forzada. Sheinbaum cuestionó por qué el CDF no reconoció hitos institucionales como la creación y fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, la cual no existía antes de 2017, y reafirmó que su administración ha mantenido un compromiso firme con la verdad y la justicia para los familiares de las víctimas.

La Presidenta puntualizó que el rechazo del Estado mexicano al informe no es un acto de soberbia política, sino una respuesta técnica sustentada en un análisis párrafo por párrafo realizado por expertos. Argumentó que, si bien el país enfrenta retos significativos debido al fortalecimiento de grupos delictivos durante la llamada «guerra contra el narcotráfico», no se puede calificar la situación actual como una política de exterminio orquestada desde el poder. «El Estado mexicano existe y no está rebasado», sentenció Sheinbaum, al tiempo que reconoció que, aunque pueden existir casos de colusión individual de servidores públicos con la delincuencia, el gobierno trabaja activamente para erradicar dichas prácticas. Con esta postura, México marca una distancia crítica frente a los mecanismos de revisión de la ONU, exigiendo un trato basado en el reconocimiento de los esfuerzos institucionales y no en generalizaciones que, a juicio de la administración federal, responden a intereses ajenos a la búsqueda objetiva de la justicia para las miles de personas desaparecidas en el territorio nacional.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha puesto un punto final definitivo a las aspiraciones legales de Joaquín «El Chapo» Guzmán Loera para impugnar, a través de la justicia mexicana, el trato que recibe en el sistema penitenciario de los Estados Unidos. En una resolución publicada este pasado lunes en sus listas electrónicas, el máximo tribunal del país desechó por improcedente el recurso de revisión presentado por la defensa del exlíder del Cártel de Sinaloa. Con esta decisión, los ministros confirmaron que el juicio de amparo en México carece de jurisdicción para actuar contra autoridades extranjeras, como el juez Brian M. Cogan o la Corte Suprema de Justicia de Massachusetts, reafirmando los principios de soberanía y no intervención que rigen el derecho internacional.

El recurso, promovido por el abogado Christian Camacho Ruiz, buscaba revertir sentencias previas de tribunales inferiores que ya habían negado la protección constitucional al capo. Guzmán Loera alegaba que su reclusión en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, constituía una violación a sus derechos humanos y una «pena inusitada» prohibida por el artículo 22 de la Constitución mexicana. La defensa sostenía que el Estado mexicano tenía la obligación de proteger a sus ciudadanos en el extranjero e investigar presuntos actos de tortura bajo estándares internacionales como el Protocolo de Estambul. No obstante, la SCJN determinó que el amparo solo es procedente contra actos de autoridades nacionales dentro de territorio mexicano, y que extender esta facultad a instituciones de otro país vulneraría gravemente los tratados bilaterales y la independencia judicial de las naciones soberanas.

Desde su extradición el 19 de enero de 2017 y su posterior condena a cadena perpetua en julio de 2019, Guzmán Loera ha intentado diversas rutas legales para mitigar las condiciones de su encierro y la confiscación de más de 12 mil millones de dólares. Sin embargo, la resolución de este abril de 2026 cierra la última puerta en el ámbito nacional. El Tribunal Colegiado que precedió a la Corte ya había advertido que el principio «pro persona» no es una carta abierta para soslayar los requisitos de procedencia legal. Al ser una sentencia de un órgano terminal, la decisión de la Suprema Corte es ahora inatacable. Esto deja firme el criterio de que los tribunales mexicanos no pueden obligar a jueces o prisiones estadounidenses a cumplir resoluciones de amparo, pues carecen de los mecanismos coercitivos y de la legitimidad jurídica para operar fuera de sus fronteras, consolidando así un precedente sobre los límites del juicio de amparo frente a procesos de extradición concluidos.