China ha expresado su fuerte desacuerdo con la reciente propuesta de Estados Unidos de imponer restricciones a sectores claves de la economía china, como el marítimo, logístico y de construcción naval. Según un portavoz del Ministerio de Comercio de China, estas medidas son contraproducentes y solo elevarán los costos de transporte, incrementarán la inflación interna y afectarán la competitividad global de los productos estadounidenses. De acuerdo con el gobierno chino, las sanciones, que incluyen tasas portuarias, no solo afectarán a la industria de la construcción naval, sino que también dañarán a los operadores y trabajadores portuarios en EE. UU.

Estas propuestas, que están siendo evaluadas dentro de la investigación de la Sección 301, han sido objeto de fuerte oposición tanto en EE. UU. como a nivel internacional. La Organización Mundial del Comercio (OMC) ya había dictaminado previamente que los aranceles impuestos por la Sección 301 contravienen sus normativas. Esto ha generado un debate más amplio sobre la legalidad y los efectos de estas políticas comerciales, que podrían alterar el sistema multilateral de comercio.

Por su parte, China reiteró su postura en un comunicado oficial en el que instó a EE. UU. a adoptar un enfoque más racional y respetuoso con las normas multilaterales. En este sentido, el gobierno chino ha señalado que, en lugar de culpar a su país por los problemas internos de EE. UU., Washington debería buscar soluciones dentro de los marcos comerciales establecidos internacionalmente. A pesar de estas críticas, la Oficina del Representante de Comercio de EE. UU. sigue adelante con su investigación, convocando a la opinión pública sobre las acciones propuestas.

Las tensiones comerciales entre ambas naciones continúan en aumento, mientras las implicaciones de estas políticas podrían tener repercusiones duraderas en la economía global.

Decenas de mexicanos deportados de Estados Unidos están denunciando un trato injusto y abuso durante su reclusión en centros de detención. De acuerdo con testimonios recabados por EFE, varios connacionales aseguran haber sido mantenidos esposados y encerrados por días sin saber qué iba a suceder con ellos, mientras las autoridades estadounidenses los trasladaban hacia la frontera.

Iván Ramos, originario de Chihuahua, compartió su experiencia de casi una década en Las Vegas, donde trabajaba en la construcción. Tras ser detenido por un oficial de policía bajo el pretexto de una infracción menor, fue entregado a inmigración y deportado. Ramos expresó su frustración por la pérdida de su trabajo y estabilidad en EE.UU., y dijo que su experiencia fue “amarga y frustrante”.

Al igual que él, otros migrantes como Rogelio y Daniel, quienes intentaron cruzar la frontera para buscar mejores condiciones, también denunciaron las condiciones precarias en los centros de detención. Rogelio afirmó que fue detenido sin saber por qué, y fue mantenido bajo custodia en condiciones severas. Daniel, quien pasó tres días en el desierto antes de ser capturado, también relató cómo fue tratado con dureza por las autoridades estadounidenses.

El Gobierno de México, a través de su canciller Juan Ramón de la Fuente, ha negado que existan violaciones a los derechos humanos en el proceso de deportación y sostiene que cuando los migrantes llegan a territorio mexicano son tratados con dignidad. Sin embargo, migrantes como Rogelio insisten en que fueron maltratados por los oficiales.

En cuanto a las estadísticas, el Gobierno mexicano ha reportado un total de 14,470 deportaciones desde el inicio de la administración de Donald Trump. El Centro de Atención a Repatriados de Tijuana, donde los migrantes son recibidos al regresar, ha atendido hasta la fecha a 754 personas, de las cuales el 90% son hombres. Los casos más comunes incluyen personas que intentaron cruzar ilegalmente o cuyo permiso de trabajo fue negado.