Diana Jaciel “N” y Lucio David “N”, quienes fueron detenidos el pasado 11 de febrero tras abandonar a su bebé recién nacido en la vía pública, han sido vinculados a proceso por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), que estableció su presunta responsabilidad en este delito. La Autoridad Judicial de Cuautitlán, en una audiencia celebrada recientemente, comenzó el proceso legal contra ambos detenidos. Además, se determinó que permanecerán en prisión preventiva justificada durante el tiempo que dure la investigación, que se fijó en cuatro meses.

El caso se dio a conocer cuando la Fiscalía mexiquense fue informada del abandono del bebé, ocurrido en las calles del municipio de Cuautitlán Izcalli. A raíz de esto, se llevaron a cabo varias diligencias de investigación. Diana Jaciel “N” fue entrevistada en calidad de testigo, ya que acudió de manera voluntaria a las instalaciones de la fiscalía para denunciar a su pareja, Lucio David “N”, por el abandono del bebé.

Un día después, el 12 de febrero, Lucio David “N” se presentó por su cuenta ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Al ser informado sobre el hecho, el ente de la capital del país notificó a las autoridades mexiquenses, quienes procedieron a trasladarlo a Cuautitlán Izcalli. Allí, Lucio David “N” fue interrogado y se continuó con la indagatoria.

La Fiscalía mexiquense recabó los elementos suficientes para solicitar una orden de aprehensión contra ambos involucrados. El 14 de febrero, los Policías de Investigación cumplimentaron el mandamiento judicial y trasladaron a los detenidos a los respectivos Centros Penitenciarios. La autoridad judicial vinculó a proceso a Diana Jaciel “N” y Lucio David “N”, quienes se considerarán inocentes hasta que se dicte sentencia definitiva.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó una iniciativa legislativa que propone modificar la Constitución para proteger la soberanía nacional frente a cualquier tipo de intervención extranjera. En un mensaje a través de sus redes sociales, Sheinbaum explicó que la reforma, que modifica los artículos 19 y 40 de la Carta Magna, busca establecer un rechazo rotundo a cualquier intromisión de otros países en asuntos internos de México.

La propuesta destaca la firme posición del gobierno mexicano de mantener su independencia, sin subordinación alguna a influencias externas. La reforma plantea que bajo ninguna circunstancia el pueblo mexicano aceptará actos de intervención que afecten la integridad, independencia y soberanía del país. Esto incluye la negativa ante posibles golpes de Estado, injerencias en procesos electorales o violaciones del territorio nacional, ya sea por tierra, mar, agua o espacio aéreo.

Además, la reforma contempla sanciones severas para los extranjeros que participen en actividades ilícitas relacionadas con estas intromisiones, imponiéndoles penas drásticas y prisión preventiva. Sheinbaum enfatizó que la iniciativa no busca un enfrentamiento con otras naciones, sino garantizar que las acciones de cooperación internacional se realicen de manera respetuosa con la soberanía de México.

La propuesta surge tras la declaración del gobierno de Estados Unidos, que el mismo día catalogó a seis carteles del narcotráfico mexicanos como organizaciones terroristas. La mandataria aclaró que, aunque ambos países luchan contra la delincuencia organizada, México mantendrá su posición de actuar bajo principios de colaboración sin permitir violaciones a su soberanía.

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres, ha presentado una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en respuesta a la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) que negó la inclusión de sobrenombres en las boletas electorales del proceso judicial de 2024. En su demanda, Batres defiende que el sobrenombre “ministra del pueblo” no representa una forma de propaganda electoral ni induciría a confusión entre los votantes, argumentando que esta expresión hace referencia únicamente a su función dentro de la SCJN y al reconocimiento popular que ha obtenido desde su nombramiento.

En su impugnación, la ministra subraya que el INE tomó la decisión sin realizar un análisis exhaustivo de su caso, considerando además que el mismo sobrenombre ya había sido aprobado por el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien lidera el proceso electoral judicial. Según Batres, el apodo es un fenómeno social que refleja su labor en el alto tribunal y no tiene como fin posicionarse de manera indebida frente a otros candidatos. Asimismo, criticó que la autoridad electoral solo hubiera evaluado su solicitud sin tomar en cuenta la respuesta positiva del Senado.

El Consejo General del INE, en su sesión del miércoles pasado, determinó que los sobrenombres de los aspirantes no serían incluidos en las boletas debido a que consideran que su uso favorece a ciertos candidatos de manera desigual, violando los principios de equidad e imparcialidad que rigen las elecciones. Además, el INE argumentó que la inclusión de sobrenombres complicaría la legibilidad de las boletas y afectaría la experiencia del votante. Este mismo acuerdo fue el que rechazó la solicitud de Batres, mientras que otros 23 candidatos sí fueron autorizados a usar apodos como “juez de AMLO” o “ángel de la justicia”.

Ahora, será la magistrada Mónica Soto, presidenta del TEPJF, quien revise el caso y elabore el proyecto de resolución para dirimir la controversia.

Titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción

El secretario ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), Roberto Moreno Herrera, fue removido del cargo debido a múltiples irregularidades detectadas en auditorías federales e investigaciones internas. Su gestión debía garantizar la correcta implementación de políticas anticorrupción en el país; sin embargo, se encontraron anomalías en el manejo de recursos y omisiones en sus responsabilidades.

Entre los hallazgos más relevantes, se identificó el uso indebido de fondos públicos para viajes nacionales e internacionales, incluyendo un desplazamiento a Hong Kong sin la debida autorización gubernamental. Asimismo, se detectaron pagos de salarios a personal contratado de manera discrecional, así como la firma de convenios que no fueron notificados correctamente.

La Auditoría Superior de la Federación también señaló que la Plataforma Digital Nacional, clave para la denuncia y seguimiento de casos de corrupción, no opera conforme a lo establecido, a pesar de la inversión de millones de pesos. La falta de respuesta ante estos señalamientos llevó a clasificar las observaciones como no atendidas, lo que derivó en la solicitud de su destitución el 19 de febrero, a pesar de que su mandato estaba previsto hasta junio de 2027.

Esta decisión refuerza el compromiso de las autoridades federales con la transparencia y el combate a la corrupción, asegurando que los órganos de vigilancia funcionen de manera efectiva y cumplan con su misión de fortalecer la rendición de cuentas en el país.