El Congreso de la Unión ha aprobado la conformación del Comité de Evaluación que se encargará de revisar las candidaturas para las elecciones del Poder Judicial programadas para 2025. Este martes, la decisión fue ratificada con una votación en la Cámara de Diputados que alcanzó 326 votos a favor y 102 en contra. En el Senado, la aprobación fue de 75 votos a favor y 40 en contra, lo que refleja un apoyo mayoritario en ambas cámaras.
La creación de este comité es parte de la reciente reforma judicial, que establece que los tres poderes del Estado —Legislativo, Ejecutivo y Judicial— deben colaborar en la selección de candidatos para cargos judiciales. De acuerdo con el anuncio realizado, el Comité de Evaluación estará compuesto por cinco integrantes. Entre ellos se encuentra Andrés Norberto García Repper Favila, quien se desempeñó como representante de Morena ante el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas. Asimismo, la lista incluye a Maday Merino Damián, exconsejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco; Ana Patricia Briseño Torres, actual titular del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (ISTAI); Maribel Concepción Méndez de Lara, magistrada del Tribunal Superior Agrario de Zacatecas; y María Gabriela Sánchez García, magistrada del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa.
Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, anunció que los miembros del comité asumirán sus funciones este miércoles, con la responsabilidad de determinar la elegibilidad e idoneidad de los candidatos a jueces, magistrados y ministros. Sin embargo, la votación no estuvo exenta de críticas. La diputada Kenia López Rabadán, del Partido Acción Nacional (PAN), expresó su descontento por lo que consideró una falta de debate en el proceso, argumentando que se bloquearon opciones más neutrales y se favoreció a personas afines al oficialismo.
La diputada también señaló que el oficialismo ha moldeado el comité a su conveniencia, lo que, a su juicio, compromete la imparcialidad necesaria para la selección de quienes impartirán justicia en el país. En este contexto, el Legislativo se convierte en el primero en designar dicho comité, en medio de la controversia por las recientes renuncias de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que añade un elemento de tensión a las próximas elecciones judiciales programadas para junio de 2025.
