El juez Francisco Javier García Contreras, al frente del Juzgado Segundo de Distrito de Colima, ha decidido conceder una suspensión provisional a la Fundación Iris. Esta medida tiene como objetivo impedir que el Instituto Nacional Electoral (INE) avance en la organización del proceso electoral para la selección de ministros, magistrados y jueces, en el contexto de la reciente reforma judicial.
En su resolución, el juez argumentó que el proceso legislativo que llevó a la reforma no se realizó siguiendo los procedimientos establecidos, lo que ha llevado a calificar el “acto reclamado” como un “fruto envenenado”. Esta afirmación resalta preocupaciones sobre la legalidad y transparencia del proceso legislativo que sustenta la reforma.
Además de frenar las acciones del INE, el juez García Contreras ha emitido una orden directa al Senado para que no proceda con la convocatoria destinada a la elaboración de listas de candidatos para los cargos judiciales. Esta decisión busca evitar que el Congreso de la Unión realice modificaciones a las leyes federales que faciliten la aplicación del decreto de reforma judicial, que entró en vigor el 15 de septiembre pasado.
El magistrado también ha establecido un plazo de 24 horas para que las autoridades competentes acaten la suspensión provisional. En caso de incumplimiento, se prevén sanciones severas que incluyen penas de prisión que varían de tres a nueve años, además de multas económicas que oscilan entre 150 y 500 días de salario. También se contempla la destitución y la inhabilitación de los responsables por un periodo de tres a nueve años, lo que resalta la seriedad de la situación.
La resolución del juez marca un hito significativo en el debate sobre la reforma judicial en México, evidenciando tensiones entre diferentes ramas del gobierno y planteando interrogantes sobre la integridad de los procesos electorales en el ámbito judicial. Este caso seguirá siendo objeto de atención pública, dado su potencial impacto en la estructura judicial del país y en la percepción de la independencia del poder judicial.
