Víctor Montiel Reyes, Segundo Regidor Propietario del Ayuntamiento de Temoaya, Estado de México, fue obligado a renunciar a su cargo tras ser amarrado a un poste por un grupo de alrededor de 100 pobladores inconformes. Los manifestantes, que también exigieron la destitución de Karina Sánchez, regidora del PVEM, argumentaron que ambos funcionarios no eran originarios del municipio y que sus nombramientos respondían a imposiciones políticas.
Desde las primeras horas tras el inicio de la nueva administración, los habitantes bloquearon la calle Portal Ayuntamiento, encendieron llantas y cerraron los accesos al Palacio Municipal para exigir respuestas inmediatas. La tensión escaló cuando los manifestantes impidieron el ingreso de elementos de la Policía Municipal. En el punto álgido de la protesta, Víctor Montiel fue llevado al centro de la concentración, donde fue atado a un poste y obligado a firmar su renuncia bajo amenazas.
En la carta presentada, Montiel solicitó licencia irrevocable “por así convenir a mis intereses legales”. No obstante, tanto él como Sánchez denunciaron amenazas de muerte, asegurando temer por su integridad. Aunque Sánchez no fue sometida a violencia física, su situación también fue motivo de preocupación.
El Partido del Trabajo condenó enérgicamente los actos de violencia y exigió al gobierno estatal garantizar la seguridad de los funcionarios y la gobernabilidad en Temoaya. Por su parte, las autoridades locales no lograron evitar la humillación pública de Montiel.
Este caso expone las tensiones sociales y políticas que persisten en el municipio, donde las designaciones externas son vistas como una afrenta a los derechos comunitarios. El incidente ha generado un amplio debate sobre los límites de la protesta social y la necesidad de reforzar los mecanismos institucionales para atender las demandas ciudadanas de manera pacífica.
