La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Ley Aduanera, una iniciativa crucial que busca endurecer significativamente las medidas de control fiscal y los trámites para la importación y exportación de mercancías. El dictamen también tiene como objetivo prioritario combatir de forma más efectiva el tráfico de combustibles, conocido como «huachicol», y atacar la corrupción arraigada en el sector aduanero del país. Tras un debate que se extendió por cuatro horas, el Pleno de San Lázaro avaló los cambios propuestos con 338 votos a favor, provenientes de Morena y sus aliados, mientras que la oposición sumó 129 votos en contra, acusando a la mayoría de impulsar la reforma con motivos meramente recaudatorios y de no atacar «a fondo» delitos como el «huachicol fiscal», que genera pérdidas millonarias al erario.
Desde la tribuna, el presidente de la Comisión de Hacienda, Antonio Carol Altamirano (Morena), se encargó de explicar los alcances detallados de la propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum. El diputado especificó que el dictamen –que modifica 65 artículos, adiciona 44 y deroga 9– está diseñado para propiciar una modernización tecnológica integral de las aduanas, eliminando el carácter vitalicio de las patentes aduanales. Además, establece certificaciones periódicas obligatorias para estos agentes y fortalece los controles sobre los programas de facilitación aduanera, como es el caso de la importación temporal, con el fin de evitar abusos.
Asimismo, la reforma establece la corresponsabilidad solidaria de los agentes aduanales, incrementa los controles a las operaciones aduaneras y dicta que estos deberán verificar que importadores y exportadores cuenten con todos los documentos que acrediten el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, añadiendo una capa de seguridad jurídica. Por otro lado, subrayó Altamirano, la iniciativa busca asegurar que «quienes soliciten operaciones estén plenamente identificados, tengan la infraestructura necesaria y no tengan vínculos con quienes realicen facturaciones simuladas», combatiendo la evasión y el fraude fiscal. En defensa de la iniciativa, el coordinador de la bancada del PT, Reginaldo Flores Sandoval, detalló que el objetivo es combatir la corrupción y fortalecer la rectoría del Estado en las aduanas, lo que exige «una mayor responsabilidad para los agentes aduanales». La propuesta de la mandataria, agregó, se enfoca en «meter más control a la exportación y la importación de productos. Vamos a fortalecer también los controles en regímenes estratégicos y vamos a poner sanciones más severas para disuadir la infracción, y a simplificar la administración sin renunciar a la fiscalización». No hay duda, resaltó Flores, que la reforma «va en la dirección correcta de combatir la corrupción», un mal endémico en el sector.
No obstante, panistas y priístas continuaron en la defensa de los agentes aduanales, a quienes la reforma ahora hace corresponsables de delitos que cometan empresas de importación y exportación, una medida que consideran injusta y desproporcionada. La bancada del PAN justificó su voto en contra, declarando que «no vamos a ser cómplices de esta farsa propagandística. Ustedes, los de Morena, hicieron del gobierno una franquicia de huachicol fiscal». Tras recordar que la procuradora fiscal, Grisel Galeano, informó que el huachicol fiscal asciende a 600 mil millones de pesos, el blanquiazul reprochó que el gobierno ha tenido «respuestas mediocres», pues solo han litigado defraudación fiscal por 16 mil millones, equivalentes a 2.7 por ciento, y su eficacia ha sido de solo 5 mil 928 millones, ni siquiera 1 por ciento. En el mismo tono, la bancada reprochó que los morenistas «ahora vienen a culpar en su hipocresía a los agentes aduanales de todo», aun cuando la propia Galeano admitió en su comparecencia ante la Comisión de Hacienda que «solo a ocho agentes aduanales se les ha podido acreditar alguna responsabilidad con el huachicol fiscal. Ni siquiera 1 por ciento de todos los agentes aduanales», desmintiendo la generalización. Por su parte, el priísta Emilio Suárez Licona alertó que el huachicol fiscal es un «escándalo monumental que ha exhibido como nunca la corrupción institucionalizada que corre por el sistema aduanero del país. Hablamos de un esquema de saqueo que permitió la entrada de cientos de buque-tanques con gasolina y diésel sin pago de impuestos». El «desfalco histórico» de 600 mil millones de pesos, agregó, es un «robo equivalente a la mitad del presupuesto del sector educativo para 2026 o 60 por ciento del gasto en salud pública», y que ello habría dejado a miles de escuelas y hospitales sin recursos para atender a alumnos y pacientes. Frente a ello, dijo, «el gobierno presenta una reforma que, lejos de corregir las fallas que permitieron este saqueo, agrava los problemas del sistema aduanero, poniendo en riesgo la competitividad del país». Lo anterior, aseguró, porque se justifica esta reforma «bajo el argumento de la modernización y la digitalización, pero su diseño revela un propósito distinto, centralizar el control y endurecer la fiscalización con fines meramente recaudatorios». Frente a un sector como el del comercio exterior, que representa el 75 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), la redacción «amenaza entorpecer la dinámica comercial», pues las nuevas disposiciones «complejizan procesos, encarecen costos logísticos y afectan la competitividad de sectores como el automotriz, que opera cadenas de suministro integradas en América del Norte». Según el priísta, la reforma eleva 300 por ciento las multas, respecto al valor de las mercancías; trata a los agentes aduanales como servidores públicos, sin serlo; le pone cargas desproporcionadas a las pequeñas y medianas empresas, y tiene efectos retroactivos, al someter a las autorizaciones aduanales previas a nuevos términos.
