La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desmintió categóricamente las acusaciones de la oposición que señalan que las recientes reformas legislativas, particularmente la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, buscan legalizar prácticas de espionaje en el país. Tras la aprobación de los cambios en julio de este año, se generó una fuerte polémica y la mandataria federal salió al paso de las críticas asegurando que «No hay espionaje de ninguna manera». Enfatizó que las afirmaciones de la derecha sobre la supuesta vigilancia o espionaje a través de las leyes aprobadas por el Congreso de la Unión son completamente «falsas».
Durante su intervención, la presidenta detalló el mecanismo de control legal que, según ella, garantiza la protección de la privacidad de los ciudadanos. Explicó que cualquier acceso a un teléfono móvil o a comunicaciones que requiera el Centro de Inteligencia debe ser obligatoriamente autorizado por un juez. Subrayó que, sin una orden judicial expresa, es imposible utilizar cualquier tipo de intervención.
El mismo principio aplica para los datos biométricos asociados a la Clave Única de Registro de Población (CURP). Sheinbaum aseguró que estos datos solo pueden ingresar a la base de datos y ser utilizados «en el marco de la ley» y con la debida autorización. Con esto, la mandataria buscó tranquilizar a la población respecto al uso indebido de su información personal.
Además, la presidenta adelantó que, con la creación de la nueva comisión de telecomunicaciones, se están buscando medidas para asegurar que los chips de telefonía móvil no puedan ser adquiridos sin una identificación oficial del comprador. Sin embargo, aclaró que esta medida no busca vigilar a nadie, pues las bases de datos de los usuarios continuarán bajo la custodia y responsabilidad de las compañías telefónicas.
Pese a las aseveraciones de la mandataria, la polémica sigue encendida. La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), una destacada organización de derechos humanos, ha calificado la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia como un «grave retroceso» para los derechos humanos y ha anunciado su intención de llevar la impugnación de estas leyes ante los tribunales.
Por su parte, el partido opositor PAN ha mantenido su postura, denunciando la iniciativa como una «ley de espionaje» diseñada para ejercer un control político sobre la ciudadanía. No obstante, la presidenta federal mantuvo su firmeza al desmentir estas acusaciones, reiterando que la seguridad y el combate a la delincuencia se realizarán siempre bajo el estricto apego al Estado de Derecho y la supervisión judicial. La tensión entre el gobierno y la oposición respecto a la protección de datos y la inteligencia nacional continúa siendo un punto álgido en el debate público.
