El debate sobre la reingeniería democrática en México ha tomado un nuevo rumbo tras las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha salido al paso de las críticas que aseguran que su «Plan B» electoral busca asfixiar financieramente a los estados. La mandataria ha sido clara: el objetivo central no es el recorte de recursos estatales, sino la eliminación de las estructuras de privilegio que operan en los congresos locales, el Senado y los cabildos municipales. Por lo tanto, bajo esta premisa, el gobierno federal busca que los ahorros generados por la reducción de regidores y asesores se queden directamente en las entidades. Así, esos recursos podrán ser aplicados en obra pública, bacheo y servicios de agua potable.
Uno de los puntos más relevantes de esta nueva fase del Plan B es la posible postergación de la elección judicial y la revocación de mandato hacia el año 2028. Además, Sheinbaum reveló que se encuentra analizando esta posibilidad debido a razones de eficiencia logística y ahorro presupuestario. El costo de imprimir millones de boletas y organizar procesos independientes en 2027 representa un desafío técnico que el Instituto Nacional de Electoral (INE) debe valorar. Por lo tanto, «A lo mejor vale la pena moverla al 28», señaló la presidenta. Finalmente, subrayó que la decisión final buscará evitar la confusión del ciudadano. De otro modo, el ciudadano tendría que enfrentarse a sistemas de votación complejos o dobles casillas, como ya se ha observado en entidades como Veracruz.
La mandataria también aprovechó para enviar un mensaje político a sus aliados del PT y el Partido Verde. Tras el rechazo inicial a la reforma constitucional, Sheinbaum reconoció que la Secretaría de Gobernación mantiene mesas de diálogo abiertas. Sin embargo, fue enfática al señalar que sus compromisos con la gente están por encima de cualquier negociación política de cúpula. La presidenta criticó duramente las disparidades presupuestarias entre estados; mientras en Baja California se destinan cerca de 38 millones de pesos anuales por diputado, en Colima la cifra cae a cinco millones. Así, para el Ejecutivo, este excedente debería fluir hacia zonas de alta marginación, como San Quintín. En lugar de sostener salarios y bonos legislativos innecesarios, estos fondos estarían mejor dirigidos a otras prioridades.
Finalmente, el panorama electoral de 2026 y 2027 comienza a dibujarse bajo la sombra de las encuestas internas de Morena. Sheinbaum defendió los lineamientos para designar a los «coordinadores en defensa de la transformación». De este modo aseguró que estos procesos internos no violan la ley electoral al no constituir actos anticipados de campaña. Con la mira puesta en enviar la propuesta formal el próximo lunes o martes, el Gobierno de México apuesta por una reforma que, de ser aprobada, cambiaría la fisonomía de los gobiernos locales. Así, esta reforma obligaría a una austeridad que, en palabras de la presidenta, «el pueblo de México sabe perfectamente quién apoya y quién rechaza».
