El abogado y especialista Carlos José Millán Arratia planteó una reforma legal para eliminar la obligatoriedad del pago notarial en juicios sucesorios, al considerar que este requisito representa una barrera económica que impide a millones de familias regularizar su patrimonio, pese a contar ya con una sentencia judicial favorable.
En entrevista para Rotativo Noticias, el espacio informativo conducido por Alejandro Alejandre para las emisoras de Cadena Azul FM, el jurista explicó que actualmente existe una “doble ventanilla”: aunque un juez adjudica una propiedad en un juicio de herencia, las familias deben acudir a un notario para formalizar el trámite, lo que implica honorarios de entre el 8% y el 15% del valor del inmueble. (*incluyendo impuestos)
“El resultado es que muchas sentencias se quedan sin ejecutarse y las familias permanecen en la irregularidad”, advirtió.
Millán Arratia respaldó su propuesta con cifras que reflejan la dimensión del problema: 24 millones de edificaciones presentan irregularidades, 7 millones de viviendas carecen de escrituras y 18% de las propiedades inscritas siguen a nombre de personas fallecidas, según datos oficiales.
La iniciativa, enviada ya a la presidenta Claudia Sheinbaum, propone reformar los artículos 780 y 781 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, con tres objetivos centrales: que la sentencia de adjudicación sea el título de propiedad, eliminar la cuantía como criterio para exigir notario y permitir que el juez ordene directamente la inscripción en el Registro Público.
El planteamiento no solo busca aliviar la carga económica de las familias, sino también generar beneficios fiscales: mayor recaudación municipal, actualización catastral y más ingresos por derechos registrales, al facilitar la formalización de inmuebles.
La propuesta ha comenzado a ganar respaldo ciudadano, con más de 400 mil visualizaciones y miles de apoyos en plataformas digitales, donde se impulsa la idea de que “heredar no debe ser un lujo”.
De avanzar, la reforma podría redefinir el acceso a la propiedad en México, al eliminar un requisito que, para muchos, convierte el derecho a heredar en un trámite inaccesible.
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