A pesar de estar claramente tipificado en el Código Penal del Estado de México, el despojo de viviendas continúa siendo un delito con escasa aplicación. Así lo advirtió Héctor Karim Carvallo Delfín, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano de la Legislatura local, al señalar que la falta de denuncias y la poca actuación de las autoridades perpetúan un problema que afecta a miles de personas en el Valle de México.
Carvallo Delfín explicó que el artículo 223 establece sanciones de hasta nueve años de prisión para quienes, sin derecho legal, despojen a alguien de la posesión de un inmueble mediante violencia, engaños o intimidación. Sin embargo, pese al marco jurídico vigente, muchos afectados prefieren no iniciar procesos legales por miedo a represalias, desconfianza en las autoridades o desconocimiento de sus derechos.
El legislador diferenció entre despojo y desalojo. Mientras el primero es un delito penal cometido por invasores ilegales, el segundo es un procedimiento civil ante la falta de cumplimiento de contratos de arrendamiento. Esta confusión, sumada a la lentitud de los procesos judiciales y a la corrupción en ciertos niveles gubernamentales, dificulta la persecución efectiva del delito.
Casos como el de una mujer de 73 años en Chalco, quien enfrentó a invasores con un arma de fuego, reflejan la desesperación de los ciudadanos. Aunque Carvallo reconoce la frustración, subraya que la violencia no puede convertirse en una vía legítima de justicia.
Finalmente, el legislador indicó que la Comisión de Procuración de Justicia es la responsable directa de estos asuntos y recalcó la necesidad de mejorar la coordinación institucional para combatir el problema con mayor contundencia.
