La presidenta Claudia Sheinbaum ha presentado ante la Cámara de Diputados una iniciativa de reformas que busca modificar 17 leyes federales para fortalecer y regular las medidas de protección del Estado a favor de mujeres, niñas y adolescentes. El objetivo principal es establecer un blindaje legal. Este blindaje atacará las barreras estructurales, la discriminación y la feminización de la pobreza como causas fundamentales de la violencia de género.
La iniciativa se sustenta en el hecho de que la violencia de género es un «fenómeno sistémico y estructural». Está profundamente arraigado en la desigualdad de poder. Por ello, la mandataria considera necesario establecer «deberes reforzados del Estado» en ordenamientos que regulan procesos civiles, familiares, educación, trabajo, salud y vivienda.
Entre las propuestas clave, se encuentra la facultad para que la Secretaría de Gobernación defina mecanismos de alerta temprana en casos de violencia. También coordinaría los casos de tortura sexual.
En el ámbito de la justicia, se propone modificar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Esto obligaría a las autoridades jurisdiccionales a «velar en todo momento por garantizar la igualdad sustantiva». También actuarían con perspectiva de género y pleno respeto a los derechos humanos. Además de los juicios tradicionales, se busca incluir la admisión de casos por violencia vicaria.
En materia de desarrollo social, la iniciativa busca que los gobiernos propicien condiciones para eliminar las brechas de desigualdad entre géneros. También promuevan un desarrollo económico que eleve el ingreso y fomente la igualdad salarial.
Un punto de atención en el ámbito laboral es la reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General del Trabajo. Se solicita que los estados difundan que el hostigamiento y acoso sexual son delitos. También pueden ser causas de rescisión laboral y faltas administrativas. Las empresas y patrones tendrían la obligación de generar un entorno laboral libre de discriminación y violencias hacia las mujeres.
Finalmente, en materia de vivienda, la presidenta planteó que los programas y apoyos se diseñen y apliquen con perspectiva de género. Se dará prioridad a la atención de mujeres jefas de familia o víctimas de violencia de género. Estas mujeres serían reconocidas como grupos en situación de vulnerabilidad. Se prevé también la instalación de unidades de atención a víctimas de violencia de género en todo el país.
