La actriz extranjera Ximena Pichel, conocida públicamente como “Lady Racista”, enfrenta un conjunto de medidas impuestas por un juzgado capitalino tras el escándalo generado por sus comentarios durante un altercado con un agente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México. El juez a cargo del caso determinó que, como parte de un acuerdo para evitar la prisión, la actriz deberá cumplir con una serie de condiciones durante los próximos seis meses, entre ellas acudir a firmar periódicamente, realizar servicio social, asistir a terapia psicológica y participar en sesiones educativas sobre no discriminación.
Además, se le exige ofrecer disculpas públicas al agente afectado y pagar una reparación del daño por 97 mil pesos. El juzgador también ordenó que evite acercarse al lugar donde ocurrió el incidente, ubicado en una zona de inspección vehicular de la capital. La audiencia, que se llevó a cabo en las salas orales de Doctor Lavista, duró cerca de tres horas y se desarrolló en medio de estrictas medidas de seguridad para prevenir disturbios.
El caso tuvo origen el 3 de julio, cuando Pichel fue grabada en video mientras discutía con un policía que le solicitó el pago correspondiente al uso de un parquímetro. En su respuesta, la actriz utilizó expresiones que, según la denuncia presentada, podrían constituir actos de discriminación y racismo. El video se difundió rápidamente en redes sociales, generando una ola de indignación ciudadana y motivando la apertura de una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía de la CDMX.
Antes de la audiencia del lunes, el viernes 25 de julio, Pichel fue confrontada por un grupo de personas a las afueras del complejo judicial. Durante el incidente, fue agredida verbalmente y con objetos, incluyendo botellas con líquidos. Testigos señalaron que entre los presentes hubo expresiones xenófobas. En medio del caos, su bolso fue sustraído, aunque fue recuperado horas después por las autoridades.
Ante estos hechos, se implementó un operativo de seguridad para garantizar el orden durante la diligencia judicial. Elementos de la SSC resguardaron los accesos al juzgado, y la acusada tuvo que salir por una puerta alternativa para evitar confrontaciones. El caso sigue en proceso penal ordinario, en el que el Ministerio Público evaluará si existen elementos suficientes para formular imputación formal.
