El Instituto Nacional Electoral (INE) aplicó sanciones económicas a 177 candidatos que resultaron ganadores en el proceso electoral para el Poder Judicial, tras detectar inconsistencias en sus informes únicos de gastos de campaña. La decisión fue aprobada con seis votos a favor y cinco en contra durante una sesión extraordinaria del Consejo General, y afecta tanto a candidaturas federales como locales en 19 entidades federativas. Las multas, que se ajustarán al nivel socioeconómico de cada funcionario, buscan garantizar transparencia y responsabilidad en un proceso histórico para la democracia mexicana.
La consejera Carla Humphrey Jordan, presidenta de la Comisión de Fiscalización, destacó que esta resolución marca la conclusión de la primera fiscalización completa de un proceso electoral judicial en el país. Subrayó que el trabajo realizado por el INE no solo compromete a la institución desde lo técnico, sino también desde lo institucional, al establecer un precedente en materia de rendición de cuentas para quienes aspiran a cargos en el ámbito judicial. “Quien aspira a juzgar debe ser el primero en respetar la ley”, afirmó, al tiempo que enfatizó que la legitimidad de los jueces no puede construirse sobre omisiones o simulaciones.
La revisión, calificada como “un esfuerzo sin precedentes”, incluyó el análisis de más de 7,700 candidaturas, 7,300 informes de campaña y la auditoría de ingresos y egresos por cerca de 900 millones de pesos. La Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) propuso sanciones por más de 10 millones de pesos a nivel federal y 8 millones en el ámbito local. En el caso de las candidaturas federales, el 83% de las multas corresponden a aspirantes a magistraturas de tribunales colegiados de circuito y a juezas y jueces de Distrito.
A nivel estatal, Chihuahua y el Estado de México concentran el 35.9% del monto total sancionado. Pese a la magnitud del operativo, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, votó en contra de las multas, argumentando que no se contó con pruebas contundentes que justificaran las sanciones, especialmente en casos donde se alegaron inconsistencias en los denominados “acordeones” de gastos. No obstante, la mayoría del Consejo respaldó la intervención como un paso necesario para fortalecer la integridad del sistema electoral.
Este proceso refuerza el papel del INE como garante de la legalidad, incluso en procesos de reciente creación y con marcos normativos en desarrollo.
