El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) se reúne este lunes para definir las sanciones a 118 candidatos electos a diversos cargos del Poder Judicial, quienes aparecieron en los denominados “acordeones” que promovían su voto durante el proceso electoral. Estas guías, distribuidas en formato impreso y digital, contenían recomendaciones para elegir a ciertos perfiles judiciales, lo que el INE considera una ventaja desleal frente a otros aspirantes. Las sanciones propuestas por la Comisión de Fiscalización incluyen multas económicas y amonestaciones públicas, aunque no se prevé la destitución de los cargos ya ganados.
Las multas varían significativamente según el caso, con montos que van desde los 146 mil pesos hasta cantidades menores como 39 mil pesos. Entre los más destacados se encuentra Hugo Aguilar Ortiz, quien asumirá la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con una sanción de 39 mil 712 pesos. Por su parte, la ministra Loretta Ortiz Ahlf enfrentaría la multa más alta dentro de este grupo, por 127 mil 508 pesos. También se propone sancionar a Celia Maya, futura titular del Tribunal de Disciplina Judicial, con 146 mil 884 pesos, uno de los montos más elevados entre los implicados.
El organismo electoral fundamenta sus decisiones en que la difusión en estos materiales constituye una ventaja no reglamentada, al vulnerar el principio de equidad en el proceso de selección. Aunque los candidatos ya fueron ratificados por el Senado, el INE busca establecer precedentes claros sobre la transparencia y neutralidad en futuras elecciones judiciales. No obstante, se descartarán las denuncias contra los partidos Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), a quienes se acusó de financiar los acordeones y sitios web promocionales, debido a la falta de evidencia concluyente que vincule directamente a estas organizaciones.
Este caso ha generado debate sobre el control de la información en procesos técnicos de designación y la necesidad de mayor regulación. El fallo del Consejo General podría marcar un antes y después en cómo se monitorean las campañas de influencia en elecciones no partidistas.
