Este domingo 1 de junio de 2025, México vivió un momento histórico al celebrar por primera vez elecciones para elegir por voto popular a 881 integrantes del Poder Judicial de la Federación, incluyendo ministros de la Suprema Corte, magistrados y jueces. Sin embargo, este hito democrático estuvo opacado por una baja afluencia en las urnas, que reflejó tanto la complejidad del proceso como el escepticismo de la ciudadanía frente a un sistema judicial ahora sometido al escrutinio electoral.
A las 8:00 a.m., la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, declaró inaugurada la jornada, calificándola como «la reconciliación de la democracia con su esencia más pura». Pese al tono esperanzador, las más de 84,123 casillas instaladas en el país registraron un flujo de votantes notablemente bajo, incluso en zonas tradicionalmente participativas como la Ciudad de México.
Los electores debían enfrentarse a seis boletas diferenciadas por colores, cada una con decenas de candidatos para cargos como la Suprema Corte (morado), el Tribunal Electoral (azul y naranja) y los juzgados de distrito (amarillo). La complejidad del sistema, sumada a la escasa información sobre los aspirantes, generó confusión y prolongó el tiempo de votación que en algunos casos superaba los 15 minutos por persona.
Las estimaciones preliminares apuntaban a una participación ciudadana entre el 5% y el 20%, muy por debajo del 61% registrado en las elecciones presidenciales de 2024. Factores como la falta de difusión, el llamado al abstencionismo por parte de la oposición y la desconfianza hacia candidatos con perfiles polémicos —incluyendo algunos que en Redes Sociales fueron vinculados al crimen organizado— contribuyeron al desgano electoral .
Mientras, en la capital, manifestantes marcharon hacia el Ángel de la Independencia para denunciar la elección como una «farsa» que amenaza la independencia judicial .
El conteo de votos, que se extenderá hasta el 15 de junio, determinará no solo los nombres de los nuevos jueces, sino también la validez política de un experimento sin precedentes a nivel mundial.
México se convierte así en el primer país en adoptar este modelo, superando incluso a Bolivia, donde elecciones similares en 2011 y 2017 terminaron con más del 60% de votos nulos por el desconocimiento de los candidatos. La pregunta que queda es si esta reforma, impulsada por Andrés Manuel López Obrador y respaldada por Claudia Sheinbaum, logrará limpiar la imagen de un Poder Judicial históricamente cuestionado o si, por el contrario, profundizará su polarización.
La elección judicial de 2025 pasará a la historia no solo por su carácter pionero, sino por evidenciar la necesidad de mejorar la pedagogía electoral, garantizar perfiles idóneos y, sobre todo, recuperar la confianza ciudadana. Si el objetivo era «democratizar la justicia», el reto ahora es demostrar que el voto popular puede fortalecer —y no debilitar— el Estado de derecho.
Mientras los resultados se consolidan, una cosa es clara: México ha abierto un capítulo audaz en su democracia, pero aún falta escribir las páginas que determinen su éxito real.
