Yucatán se convirtió en el estado número 23 en despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, tras una votación en el Congreso local que concluyó con 22 votos a favor y 13 en contra. Esta decisión representa un avance relevante en materia de derechos sexuales y reproductivos en el país.
La nueva legislación permitirá que mujeres y personas gestantes interrumpan su embarazo de manera legal hasta las 12 semanas, sin enfrentar sanciones penales. A partir de ese límite, quienes lo realicen podrían recibir penas de tres meses a un año de prisión o entre 50 y 200 días de trabajo comunitario, según lo establecido en la reforma aprobada.
El Congreso de Yucatán también fortaleció las penas por aborto forzado. Las sanciones pasarán de un rango anterior de tres a ocho años de prisión a uno de cinco a diez años. En los casos donde se emplee violencia, la pena se incrementa de nueve a quince años de prisión.
Este cambio legislativo responde a una instrucción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), emitida en diciembre de 2024, que ordenaba al Congreso local modificar su marco jurídico para garantizar el derecho a decidir. La decisión judicial fue producto de un amparo promovido por organizaciones y colectivos locales.
Con esta resolución, Yucatán se alinea con el criterio de la Corte que considera inconstitucional penalizar el aborto de manera absoluta, por atentar contra derechos fundamentales como la dignidad humana, la autonomía reproductiva, la igualdad y la salud.
Ciudad de México fue la primera entidad en permitir el aborto hasta la semana 12 en 2007, y desde entonces más de dos tercios del país han reformado sus leyes en el mismo sentido.
