La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó esta noche dos dictámenes cruciales que modifican la reforma al artículo 105 de la Constitución y la Ley de Amparo, con el fin de reglamentar aspectos fundamentales del sistema judicial. En una sesión que duró casi tres horas, los legisladores lograron la aprobación de ambas propuestas con 19 votos a favor, todos de los representantes de Morena y sus aliados, y 9 en contra, que provienen de los partidos PAN, PRI y MC.
El primer dictamen corresponde a la reforma al artículo 105 de la Constitución, que establece la “supremacía constitucional”, lo que impide interponer recursos legales para frenar las reformas a la Carta Magna. La intención de esta reforma es evitar la impugnación de los cambios constitucionales y, de acuerdo con los legisladores de Morena, establecer la claridad de que la Constitución no podrá ser obstaculizada por futuras acciones judiciales. La reforma se ha justificado como un paso para consolidar la autoridad legislativa y limitar los abusos judiciales, que según los proponentes, han sido una forma de sabotaje a proyectos del gobierno.
Por otro lado, la reforma a la Ley de Amparo busca establecer reglas más estrictas sobre los juicios que resuelven la inconstitucionalidad de normas generales, limitando los efectos generales de las sentencias emitidas. En este sentido, se establece que las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deben ser observadas por todas las autoridades jurisdiccionales, además de que se requiere una mayoría de al menos seis votos de los ministros para declarar la inconstitucionalidad de una norma. Los opositores de la reforma argumentan que estas modificaciones ponen en riesgo el acceso a la justicia para los ciudadanos y protegen a los intereses políticos del poder actual.Con estas reformas, la Cámara de Diputados da un paso importante en la reestructuración del marco legal, generando una amplia polémica sobre el equilibrio entre los poderes del Estado y los derechos de los ciudadanos. A pesar de las críticas, la mayoría de los legisladores defendió que estas modificaciones son necesarias para garantizar un sistema judicial más eficiente y justo para todos los mexicanos.
