El gremio de taxistas en Quintana Roo se ha convertido en el centro de una polémica que de acuerdo las denuncias ciudadanas mezcla abusos, corrupción y una posible complicidad gubernamental de la gobernadora Mara Lezama Espinosa. Desde cobros excesivos hasta agresiones contra usuarios de plataformas de transporte, los incidentes exponen un problema profundo: la ausencia de control por parte de las autoridades.
Recientemente, el influencer Luisito Comunica denunció un caso de cobro desproporcionado en el Aeropuerto Internacional de Cancún, donde un taxista le exigió 2,000 pesos por un trayecto de apenas 20 minutos. A través de sus redes sociales, el creador de contenido cuestionó no solo a los conductores, sino también a las concesionarias que parecen operar con total impunidad, insinuando incluso vínculos con el crimen organizado.
Estos episodios no son aislados. En Playa del Carmen, un grupo de taxistas intimidó a turistas argentinos que utilizaban Uber, bajo el argumento de que el servicio está prohibido. La escena fue registrada en video, dejando en evidencia el nivel de control que estos sindicatos ejercen en las principales zonas turísticas del estado.
La situación se agravó con la detención de Salomón Alfonso Muñoz, alias “Mafer”, líder del sindicato de taxistas Andrés Quintana Roo, acusado de homicidio, tortura y otros delitos de alto impacto. Las investigaciones han descubierto una red criminal que opera bajo el amparo de un gremio vinculado a políticos locales, entre ellos Rubén Carrillo Buenfil, exlíder sindical y actual diputado.
La complicidad entre taxistas, autoridades y actores políticos se percibe como una de las principales barreras para frenar estos abusos. Mientras tanto, turistas y residentes siguen siendo víctimas de cobros abusivos, amenazas y violencia, alimentando la percepción de que el gobierno estatal no solo es omiso, sino partícipe de esta red de corrupción.
