La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma a la Constitución que otorga mayores facultades a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch. La modificación, que obtuvo 37 votos a favor, enmienda el artículo 21 de la Constitución y establece nuevas competencias para la SSPC, incluyendo la investigación de delitos.
El dictamen fue enviado a la Mesa Directiva de la Cámara, donde se programará su discusión en el Pleno. En esa instancia se podrán presentar reservas sobre el tema. Esta reforma ya había sido aprobada por el Senado el pasado 13 de noviembre, por lo que su proceso legislativo se encuentra en su etapa final.
La reforma redefine el rol de la SSPC en la estructura de seguridad nacional, destacando que la Secretaría, junto con el Ministerio Público, la Guardia Nacional y las policías, será responsable de coordinar y dirigir la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Además, se le otorgan nuevas facultades para coordinar el sistema nacional de inteligencia relacionado con la seguridad y para facilitar la colaboración entre los tres niveles de gobierno en la recolección y el intercambio de información en materia de seguridad.
Otro aspecto importante de la reforma es la gestión de los fondos federales destinados a la seguridad pública, que serán distribuidos a las entidades federativas y municipios con el fin de mejorar las condiciones de seguridad. Estos fondos estarán sujetos a auditorías y su uso será vigilado por el Sistema Nacional de Seguridad.
El presidente de la Comisión, Leonel Godoy Rangel, indicó que las comisiones de Seguridad Ciudadana, Justicia y Gobernación trabajarán en las leyes secundarias relacionadas con la reforma propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum. Durante la sesión, los diputados expresaron diversas opiniones sobre la reforma. Mientras que algunos celebraron el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, otros subrayaron la necesidad de garantizar transparencia y una mayor coordinación interinstitucional en la implementación de la reforma.
