La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha determinado que la organización del proceso electoral extraordinario para la elección de juzgadores del Poder Judicial de la Federación 2024-2025 debe continuar sin interrupciones, invalidando los amparos que intentaban suspenderlo. En su resolución, los magistrados destacaron que no es constitucionalmente viable suspender dicho proceso, el cual está explícitamente previsto en la Constitución de México.
Con mayoría de votos, la Sala Superior resolvió que el Instituto Nacional Electoral (INE), el Senado de la República y otras autoridades competentes deben seguir adelante con las etapas del proceso electoral. Según el dictamen, ningún órgano o poder del Estado puede detener, limitar o condicionar las actividades relacionadas con la organización del proceso electoral judicial, ya que se trata de un mandato constitucional.
La resolución fue respaldada por los magistrados Felipe Fuentes, Mónica Soto y Felipe de la Mata, quienes argumentaron que suspender la organización de las elecciones generaría un escenario de inconstitucionalidad, ya que la Constitución prohíbe la interrupción de reformas en este ámbito. Además, señalaron que la última reforma a los artículos 105 y 107 de la Carta Magna establece que no se pueden presentar controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad contra reformas constitucionales, lo que refuerza la validez del proceso electoral en curso.
Por su parte, los magistrados Janine Otálora y Reyes Rodríguez Mondragón votaron en contra, expresando que se debía esperar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre diversas consultas relacionadas con la reforma judicial. Otálora argumentó que el Tribunal Electoral no tiene competencia para revocar las suspensiones otorgadas por los juzgados de distrito, y Rodríguez Mondragón consideró que la decisión prematura podría generar incertidumbre jurídica en el Poder Judicial.
La decisión de la Sala Superior es inatacable y marca un paso crucial en la organización del proceso electoral judicial.
