La reforma al Poder Judicial sigue vigente y ha sido considerada legal por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El voto del ministro Alberto Pérez Dayán fue determinante para que la propuesta liderada por la ministra Norma Lucía Piña Hernández no consiguiera la mayoría necesaria para invalidar la modificación legislativa, lo que dejó fuera la iniciativa del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Este proyecto buscaba declarar inconstitucionales aspectos clave de la reforma, como la elección de jueces y magistrados mediante voto popular.
Con el respaldo de Pérez Dayán, y la postura de las ministras Yasmín Esquivel Mossa, Lenia Batres Guadarrama y Loretta Ortiz Ahlf, la reforma judicial se mantuvo firme, ya que los cinco ministros coincidieron en que la Corte no tiene la facultad de evaluar la conveniencia de las reformas constitucionales. Incluso, el propio autor del proyecto de invalidez reconoció que no se deben cambiar las reglas de un proceso ya iniciado.
Al final de la sesión, la ministra Piña intentó un cambio sorpresivo en las reglas del debate, buscando que con seis votos fuera suficiente para declarar la invalidez de la reforma, en lugar de los ocho requeridos normalmente para alcanzar una mayoría calificada. No obstante, esta propuesta fue rechazada por seis de los 11 ministros presentes, quienes se mantuvieron firmes en que para declarar la validez o invalidez de la reforma se necesitaban ocho votos.
El proyecto de González Alcántara Carrancá fue finalmente desechado, con el consenso de los ministros que argumentaron que la Corte no puede revisar reformas constitucionales ya aprobadas. El voto decisivo de Pérez Dayán se alineó con la postura de los opositores al proyecto, quienes consideraron que la propuesta carecía de fundamento. La sesión, que se extendió por más de cinco horas, concluyó con la desestimación del proyecto, lo que consolidó la reforma judicial como legal y vigente.
