Las Comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado aprobaron, por mayoría, una controvertida iniciativa de reforma promovida por Morena, que busca invalidar los amparos contra reformas constitucionales, generando un intenso debate legislativo.
La propuesta contempla cambios a los artículos 105 y 107 de la Constitución, con el fin de que las modificaciones a la carta magna queden fuera del alcance de decisiones judiciales. Esta reforma ha sido fuertemente criticada por legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, quienes consideran que limitar la posibilidad de interponer amparos vulnera los derechos humanos.
Durante la sesión, se criticó que el dictamen fue entregado a los legisladores con solo una hora de antelación, lo que provocó inconformidad. Adán Augusto López, senador de Morena, informó que la propuesta se discutirá en la Junta de Coordinación Política, tras una solicitud del coordinador del PVEM, Manuel Velasco. Este debate ocurre en medio de tensiones políticas, exacerbadas por la reciente expulsión de Miguel Ángel Yunes del PAN.
Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión, interrumpió la discusión para informar sobre una resolución del Tribunal Electoral que permite al INE continuar con el proceso de elección de jueces y magistrados, noticia que fue aplaudida por los legisladores de Morena y sus aliados. No obstante, el líder del PAN, Marko Cortés, reprochó que Morena celebre las decisiones del Tribunal cuando les favorecen, pero busque desmantelarlo en otras ocasiones.
En la Cámara de Diputados, PAN y PRI pidieron a Morena que retire la iniciativa, señalando que representa un retroceso en la protección de los derechos humanos. Noemí Luna, coordinadora de Acción Nacional, advirtió que la propuesta elimina vías legales para que los ciudadanos defiendan sus derechos ante el gobierno, mientras que Rubén Moreira, del PRI, destacó las graves consecuencias de reducir las facultades judiciales.
Por su parte, Ricardo Monreal, coordinador de Morena, defendió la reforma, asegurando que no habrá marcha atrás y que en 2025 se realizarán elecciones de jueces y magistrados. Rechazó las acusaciones de que la propuesta deje indefensos a los ciudadanos, insistiendo en la necesidad de limitar los amparos en este contexto.
