El Partido del Trabajo (PT) ha formalizado una solicitud de juicio político contra ocho magistrados y magistradas del Poder Judicial, quienes, según el partido, han obstaculizado el proceso de renovación judicial en el país. Esta decisión excluye a figuras como Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz.
Durante una conferencia de prensa, el diputado Ricardo Mejía Berdeja explicó que esta solicitud apunta a los ministros que se encuentran en “desacato y rebeldía”, destacando la figura de la ministra presidenta, Norma Piña, a quien considera un actor clave en el conflicto legal entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Los ministros implicados en esta acción son Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara, Luis María Aguilar Morales, Jorge María Pardo Rebolledo, Margarita Ríos Farjat, Javier Láynez Potizek y Alberto Pérez Dayán.
El legislador del PT acusó a los magistrados de no cumplir con principios fundamentales como la legalidad, lealtad, imparcialidad y eficiencia, afirmando que sus acciones constituyen un ataque directo a las instituciones democráticas del país. En este sentido, enfatizó que han violado de manera grave la Constitución Política, comprometiendo el marco del constitucionalismo mexicano y la estructura del gobierno republicano y federal.
La diputada Lilia Aguilar Gil, también del PT, subrayó que esta acción de juicio político es parte de un movimiento más amplio, respaldado por la voz del pueblo mexicano. Resaltó que, en contraste con las afirmaciones de la oposición, no existe una crisis constitucional. Según Aguilar, hay intentos por crear una narrativa engañosa que sugiera un desacato por parte de la presidenta de la República, lo cual, según su perspectiva, no tiene fundamento.
La situación se desarrolla en un contexto de tensiones políticas, donde el Poder Judicial se enfrenta a críticas por su papel en la gobernanza del país, y la solicitud del PT busca responder a estas inquietudes expresadas por la ciudadanía. Esta acción podría tener repercusiones significativas en la relación entre los distintos poderes del Estado y en la percepción pública sobre la independencia judicial.
