El Senado de la República ha aprobado por unanimidad una reforma al artículo 28 de la Constitución Política, con el objetivo de que el Estado recupere el control de las vías ferroviarias, enfocándose en el servicio de transporte de pasajeros. Esta decisión responde a la necesidad de revitalizar un sector que ha estado descuidado desde su privatización en la década de los noventa.
El dictamen fue respaldado con 123 votos a favor y sin oposiciones, destacando que México posee una de las redes ferroviarias más extensas del mundo. Los legisladores subrayaron que esta infraestructura puede jugar un papel fundamental en la reducción de los problemas ambientales y en la mejora de la salud pública, al ofrecer una alternativa menos contaminante en comparación con otros medios de transporte.
En la actualidad, solo un 0.9% de los desplazamientos nacionales de pasajeros se realizan a través del ferrocarril, lo que evidencia una grave subutilización de este sistema. La reforma busca aprovechar los más de 27,000 kilómetros de vías existentes para establecer un servicio de transporte que sea sostenible, accesible y eficiente, además de ofrecer una opción viable frente al uso excesivo de carreteras.
Asimismo, la iniciativa contempla la posibilidad de desarrollar nueva infraestructura ferroviaria, lo que no solo generaría empleos, sino que también impulsaría el crecimiento de diversas regiones, particularmente aquellas que han sido históricamente marginadas, como el sureste del país. Con esta expansión, se espera garantizar el derecho a la movilidad de comunidades y zonas remotas, integrándolas así en la economía nacional y conectándolas con centros industriales y comerciales importantes.
Alejandro Esquer Verdugo, representante del partido Morena, enfatizó que esta reforma es crucial para retomar el control estatal sobre el servicio de pasajeros. Señaló que el aprovechamiento de la red ferroviaria existente facilitará el desarrollo económico, reducirá costos de transporte, disminuirá el impacto ambiental y garantizará un servicio accesible para toda la población.
Con la aprobación del dictamen, se inicia el proceso de remisión a las legislaturas estatales para su evaluación y eventual implementación.
