El Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma que regula la renta de inmuebles a través de plataformas como Airbnb. La medida establece que las propiedades podrán alquilarse únicamente el 50% de las noches al año, es decir, un máximo de seis meses. Aquellos propietarios que excedan este límite deberán esperar un año para registrarse nuevamente en las plataformas.
Esta iniciativa, impulsada por el jefe de gobierno Martí Batres, fue aprobada con 49 votos a favor de diversas fuerzas políticas, 6 en contra y 9 abstenciones, principalmente del PAN. El objetivo de la reforma es equiparar las condiciones de competencia entre los alojamientos digitales y los hoteles, favoreciendo un mercado más equitativo.
No obstante, la oposición expresó su descontento. El diputado del PAN, Diego Garrido, consideró la medida como una violación al derecho de la propiedad privada. Según él, el gobierno no debe interferir en la manera en que los ciudadanos disponen de sus bienes, pues esto podría sentar un precedente para futuras restricciones en otros ámbitos patrimoniales.
Por su parte, Xóchitl Bravo, legisladora de Morena, criticó la postura del PAN, recordando que, en una legislatura anterior, ese mismo partido apoyó una normativa similar. Bravo también acusó a la oposición de defender intereses privados en lugar de priorizar el bienestar social y la competencia justa en el sector inmobiliario.
Además, la nueva ley prohíbe el uso de viviendas pertenecientes a programas de interés social, popular o de reconstrucción para ser alquiladas en plataformas digitales. Esta disposición busca evitar el encarecimiento de las rentas y prevenir el desplazamiento de los habitantes debido a la gentrificación.
