En un acto significativo que marca el cierre de su administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el 30 de septiembre los decretos que modifican la estructura de la Guardia Nacional y fortalecen los derechos de los pueblos indígenas. Esta firma tuvo lugar durante su última conferencia de prensa matutina, donde estuvo acompañado de altos funcionarios como Luisa María Alcalde, secretaria de Gobierno, y Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional.
López Obrador destacó que con esta firma se concretan dos reformas constitucionales dentro de un paquete de 20 iniciativas enviadas al Congreso. El evento fue recibido con aplausos por cientos de asistentes, a quienes el presidente agradeció por su apoyo y confianza en su gobierno.
La aprobación de la reforma relacionada con la Guardia Nacional se dio el 29 de septiembre en el Senado de la República, donde, a pesar de la ausencia de 42 legisladores de la oposición, se declaró constitucional el traspaso del control de esta institución a la Secretaría de la Defensa Nacional. López Obrador señaló que una de las reformas busca establecer la Guardia Nacional como una entidad dedicada a la seguridad pública, mientras que la otra está enfocada en los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.
Entre los principales cambios que se introducen, se encuentra el reconocimiento de la diversidad cultural y étnica de México, que incluye 70 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano, representado por más de 7.3 millones de hablantes de lenguas indígenas. La modificación del artículo 2º de la Constitución transformará la consideración de estos pueblos, pasándolos de ser sujetos de interés público a sujetos de derecho público, lo que garantiza una mayor protección de sus derechos.
Además, la reforma asegura derechos fundamentales para las mujeres indígenas y afromexicanas en áreas como la participación política, la educación, la salud y la propiedad de la tierra. En cuanto a la Guardia Nacional, que fue creada en marzo de 2019, su administración será traspasada a la Sedena, incluyendo la asignación de recursos presupuestarios y operativos necesarios para su funcionamiento. Finalmente, se otorga al Congreso de la Unión la facultad de legislar sobre la participación del Ejército y la Armada en tareas de seguridad interior, asegurando una regulación adecuada de estas actividades.
