En una maratónica sesión que se extendió por más de ocho horas, el Senado de la República aprobó una reforma constitucional que transfiere la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Con 86 votos a favor, incluidos el de Miguel Ángel Yunes Márquez, aún miembro del PAN, y 42 en contra de las fuerzas opositoras, este cambio fue calificado como un paso significativo hacia la militarización de la seguridad en el país.
La reforma, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, modifica múltiples artículos de la Constitución, incluyendo los números 21, 73 y 123, y le otorga a la Guardia Nacional facultades para investigar delitos. El dictamen establece que la investigación de delitos será competencia del Ministerio Público y de la Guardia Nacional, bajo la dirección de este último en el ámbito de su competencia.
Con esta reforma, la Guardia Nacional se redefine como una “fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente” compuesta por personal militar capacitado en funciones policiales. El documento también establece que el titular de la Comandancia de la Guardia Nacional deberá ser un general activo propuesto por la Secretaría de la Defensa.
La oposición se mostró enérgicamente crítica. Luis Donaldo Colosio Riojas, senador de Movimiento Ciudadano, describió esta decisión como un “último clavo al féretro de la seguridad civil”, advirtiendo que el aumento de militares en las calles representa una clara militarización. Ricardo Anaya, del PAN, recordó que el número de homicidios ha aumentado significativamente durante el actual gobierno, sugiriendo que la estrategia de militarización no ha sido efectiva en la lucha contra el crimen.
Citlalli Hernández, senadora de Morena, defendió la reforma, afirmando que no se vulneran las garantías individuales de los ciudadanos, mientras que Omar García Harfuch, próximo secretario de Seguridad Pública, argumentó que la reforma se inspira en modelos internacionales exitosos. Sin embargo, las voces de alarma por la militarización resonaron en el debate, donde la senadora Lily Téllez enfatizó que esta medida contradice los discursos previos de rechazo a la militarización.
Finalmente, la votación se llevó a cabo a la madrugada, y tras la aprobación en el Senado, la reforma será enviada a los 32 congresos estatales para su ratificación, marcando un hito en la estructura de seguridad pública en México y reavivando el debate sobre el enfoque hacia la seguridad y la violencia en el país.
