La Asociación Nacional de Jueces Federales ha expresado su preocupación por la reciente actuación del Instituto Nacional Electoral (INE), al señalar que este órgano ha pasado por alto un fallo judicial importante. En el juicio de amparo indirecto número 1251/2024, radicado en el Juzgado Quinto de Distrito en Morelos, se otorgó una suspensión que impide la implementación de la reforma judicial en cuestión.
La asociación enfatiza que, si se busca remover a los jueces federales de sus puestos sin garantizarles el derecho a ser escuchados o a recibir alguna indemnización, resulta fundamental que se respete la suspensión otorgada. De acuerdo con su postura, este tipo de reformas, si se concretan, podrían traducirse en la modificación de la Constitución de manera que se vuelva irreversible e inatacable.
Asimismo, la Asociación sostiene que es imperativo que todas las autoridades involucradas en el proceso de aprobación de la reforma respeten la suspensión dictada. Este requerimiento no solo protege los derechos de los jueces afectados, sino que también asegura el debido proceso en la implementación de cambios legales significativos.
Los argumentos presentados tienen respaldo en un precedente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, específicamente en el amparo en revisión 307/2016, conocido como el caso Laguna de Carpintero. En esta ocasión, el máximo tribunal mexicano se pronunció sobre la importancia de proteger los derechos de los funcionarios judiciales ante cambios que podrían comprometer su estabilidad laboral.
Este contexto ha llevado a la Asociación a solicitar una revisión más exhaustiva de las implicaciones que podría tener la reforma judicial, no solo para los jueces, sino para el sistema de justicia en su conjunto. La necesidad de garantizar un marco legal que respete los derechos de todos los involucrados es más urgente que nunca, en un momento en que la confianza en las instituciones judiciales se encuentra bajo análisis.
La atención sobre este asunto es crucial, ya que el futuro de la reforma y sus efectos en el ámbito judicial son de interés nacional y podrían tener repercusiones de largo alcance.
