La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó este lunes el dictamen general de la reforma al Poder Judicial, en un contexto de crecientes protestas a nivel nacional por parte de empleados del sector judicial en contra de la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Durante la sesión, se llevaron a cabo las votaciones para aprobar el dictamen. El resultado fue de 22 votos a favor, 17 en contra y ninguna abstención. La votación se realizó tanto en lo general como en lo particular, excluyendo aquellas reservas que no fueron discutidas en ese momento. En las próximas horas, se abordarán alrededor de 330 reservas relacionadas con la reforma.
Con la aprobación en la Comisión de Puntos Constitucionales, el proyecto de reforma al Poder Judicial está ahora listo para ser analizado y votado en la Cámara de Diputados, que iniciará su periodo de sesiones ordinarias el 1 de septiembre. En la LXVI Legislatura, la Cámara de Diputados estará dominada por Morena y sus aliados, con un total de 264 de los 500 escaños, lo que representa una mayoría calificada.
El proyecto de reforma propone que jueces, magistrados y ministros sean elegidos mediante voto popular en elecciones abiertas. Asimismo, se contemplan elecciones extraordinarias en 2025 para renovar a los titulares de estos cargos durante el primer año del gobierno de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Los actuales funcionarios podrán postularse para mantener sus puestos bajo condiciones equitativas.
Para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados del Tribunal Electoral y del Tribunal de Disciplina, se establecerán elecciones nacionales ordinarias. En total, se presentarán 30 candidaturas provenientes de los tres Poderes de la Unión: el Ejecutivo, que propondrá 10; el Legislativo, hasta 5 por cámara; y el Judicial, hasta 10 propuestas por el pleno de la SCJN.
En el caso de los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, se organizarán elecciones ordinarias en los 32 circuitos judiciales, con seis candidaturas paritarias por cargo. El Tribunal Electoral será responsable de resolver las impugnaciones y declarar los resultados, salvo en casos en que se postulen sus propios miembros, los cuales serán decididos por la SCJN.
La reforma también incluye la reducción del número de ministros en la SCJN de 11 a 9, acortando el periodo de servicio de 15 a 12 años, eliminando la pensión vitalicia y ajustando el tope salarial. Este proyecto ha suscitado críticas y controversias tanto dentro del sector judicial como entre socios comerciales de México, como Estados Unidos y Canadá, así como entre las agencias calificadoras Fitch y Morgan Stanley.