En un reciente intercambio de opiniones sobre la reforma al Poder Judicial en México, la presidenta electa Claudia Sheinbaum ha ofrecido una defensa contundente de su propuesta, tras las críticas de los embajadores de Estados Unidos y Canadá. Sheinbaum utilizó datos estadounidenses para argumentar a favor de la reforma, enfocándose en el sistema de selección de jueces en los Estados Unidos.
En un comunicado difundido a través de sus redes sociales, Sheinbaum destacó que en 43 de los 50 estados de EE.UU. los jueces locales son elegidos mediante voto popular. Este dato subraya que el sistema propuesto para México no es una anomalía, sino que refleja una práctica común en otras democracias.
Los comentarios de Sheinbaum se centran en el proceso de elección de jueces locales, quienes deben cumplir con ciertos criterios y experiencia para ocupar sus cargos. Es importante mencionar que en EE.UU., los jueces federales no son elegidos por voto popular, lo que difiere del sistema propuesto en México.
El embajador estadounidense en México, Ken Salazar, expresó su preocupación sobre cómo esta reforma podría afectar la estabilidad del sistema judicial y, por ende, las futuras negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), previstas para 2026. Salazar señaló tres áreas principales de inquietud:
1. La posible debilitación de la democracia y del Poder Judicial.
2. La influencia en la confianza de los inversionistas, crucial para el T-MEC.
3. El riesgo de que el narcotráfico pueda influir en jueces inexpertos o con inclinaciones políticas.
Este es el segundo enfrentamiento de Sheinbaum con críticas sobre la reforma en la última semana. Anteriormente, Sheinbaum había cuestionado a las agencias calificadoras Morgan Stanley y Fitch Ratings, que habían rebajado la calificación de inversión en el país, argumentando que estaban mal informadas.
La presidenta electa asegura que la reforma al Poder Judicial fortalecerá el sistema de justicia en México y combatirá la corrupción entre jueces y magistrados, con el objetivo de garantizar un acceso equitativo a la justicia para todos los ciudadanos, independientemente de su estatus económico.
