La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido un fallo favorable en respuesta a un amparo presentado por el Centro Pro Derechos Humanos y Fundar, con el objetivo de asegurar la inclusión de un presupuesto mínimo destinado a la atención de víctimas a escala nacional en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
En virtud de esta resolución emanada desde el máximo tribunal mexicano se ha ordenado restablecer o crear un fideicomiso con un propósito similar al que tenía el desaparecido Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a Víctimas.
Cabe recordar que este fondo fue eliminado el 6 de noviembre de 2020, cuando el gobierno federal por instrucciones del Ejecutivo eliminó toda referencia al fideicomiso de la Ley General de Víctimas, reasignando los recursos para la atención de la pandemia de covid-19.
El proyecto, presentado por el ministro ponente Juan Luis González Alcántara Carrancá, propone que los recursos destinados al fondo no deben ser inferiores al 0.014% del gasto programable en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
El Centro Prodh ha destacado que este presupuesto mínimo representa una garantía fundamental para las familias de personas desaparecidas o víctimas de ejecuciones, así como para los sobrevivientes de tortura y otras graves violaciones a los derechos humanos. Esta garantía, establecida hace una década en la Ley General de Víctimas, asegura que los recursos destinados a la atención de víctimas no puedan ser reducidos ni desviados hacia otros fines.
El proyecto aprobado por la Primera Sala reconoce que la eliminación del fondo ha provocado la falta de atención a casos en los que era necesario el pago de indemnizaciones como reparación del daño, lo que demuestra el incumplimiento de las obligaciones por parte del Estado hacia las cada vez más numerosas víctimas de delitos y violaciones a los derechos humanos.
Fundar, el Centro de Análisis e Investigación, ha identificado que el presupuesto asignado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 para la atención a víctimas fue de 633 millones de pesos. Sin embargo, para cumplir con la garantía mínima presupuestal, se requeriría un presupuesto aproximadamente un 31.6% más alto, es decir, alrededor de 200 millones de pesos adicionales, de ahí surge la observación y proceso legal que iniciaron.
Este fallo ha sido celebrado por Fundar y el Centro Prodh como un mensaje contundente del Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia de la Nación en solidaridad con las víctimas de la violencia y en su compromiso por abordar la crisis de derechos humanos en México, que ha alcanzado límites importantes de considerar no solo para el seguimiento de las victimas y sus condiciones, tambien en el objetivo fundamental que establezca las medidas preventivas necesarias.
