Yasmín Esquivel Mossa, Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); el Gobernador Constitucional del estado de Oaxaca, Salomón Jara Cruz y la Magistrada Berenice Ramírez Jiménez, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del estado de Oaxaca, suscribieron el Convenio de Colaboración para la Implementación de las Líneas Estratégicas del Pacto Nacional por la Justicia de Género en Oaxaca.
Así también, firmaron el Convenio, el Mtro. José Bernardo Rodríguez Alamilla, Fiscal General del estado de Oaxaca y el Mtro. Marcelo Merino García, Director General de la Defensoría Pública de esta entidad.
El Pacto es un instrumento que contiene los lineamientos y compromisos de los órganos de impartición de justicia signantes, entre los que se encuentran los siguientes puntos:
Juzgar con perspectiva de género, capacitar a personal jurisdiccional y administrativo para atender los temas de hostigamiento laboral y sexual, así como elaborar los protocolos para su atención; revisar las políticas laborales en todos los espacios del servicio público para eliminar la discriminación basada en el género; creación de unidades o áreas de igualdad de género al interior de todos los órganos de impartición de justicia, como también se dispone para las dependencias del gobierno.
Además, busca establecer en la carrera judicial y administrativa la vigencia del principio de paridad de género; difundir y sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia del respeto a las mujeres y sus derechos; implementar acciones para la eliminación de actitudes y comportamientos sexistas y discriminatorios por razón de sexo o género; establecer programas que permitan elaborar diagnósticos e informes de resultados sobre las acciones llevadas a cabo por las instituciones firmantes para su evaluación periódica, además de otras medidas que busquen eliminar las barreras y alcanzar la igualdad.
Esquivel Mossa reconoció que aún falta mucho por hacer en la lucha por la igualdad y la justicia con perspectiva de género. Sin embargo, lo realizado demuestra la existencia de un constante incremento en las decisiones legislativas, las políticas públicas y las acciones en el ámbito del Poder Judicial a favor de los derechos de las mujeres.
