Tal como lo anunció, el Instituto Nacional Electoral (INE) inició la lucha legal contra la implementación del “Plan B” de la reforma electoral propuesta por el Presidente López Obrador, ya que afirman, incurre en inconstitucionalidades y permitiría que los funcionarios usen recursos públicos para la autopromoción política.
Ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el árbitro electoral estableció una controversia constitucional en contra de las modificaciones a la Ley General de Comunicación Social, así como a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
“Dicho recurso se interpuso, debido a que las modificaciones legislativas que se plantearon en el Decreto publicado crean condiciones que merman la autonomía del Instituto y su capacidad para ejercer las funciones que la Constitución le mandata, a la par que desequilibra el modelo de comunicación social y perjudica la equidad en la contienda”, señaló el INE en un comunicado.
