Por: Guadalupe Fuentes
Febrero de 2002, Guerrero. Valentina Rosendo Cantú se encontraba a la orilla de un río, cuando ocho militares se acercaron a preguntar de manera intimidante sobre un hombre al que estaban buscando. Al ver que Valentina no proporcionaba ningún dato, procedieron a golpearla con un arma de fuego y posteriormente abusaron sexualmente de ella. Consecuente a los actos violentos, tuvo que acudir a instancias mayores porque en su estado de procedencia no hicieron el debido proceso por temer a las consecuencias de hacer una denuncia en contra de los militares (es importante tomar en cuenta que los militares pudieron ser juzgados y condenados hasta 2014, porque anteriormente gozaban de fuero).
Fue hasta el 7 de junio de 2018, que la Jueza Federal Iliana Contreras condenó a los responsables de la violación de Valentina a 19 años de prisión. En este caso tuvieron que pasar 16 años para que Valentina pudiera acceder a la justicia.
Como este hay muchos más casos, y prueba de ello es que, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, desde el año 2006 ha registrado más de 6000 denuncias de abuso y privación de los derechos por parte del ejército. Y tan solo en este año, se lleva el registro de 47 casos de uso inadecuado de fuerza, abuso de autoridad y negligencias. Aunque se trata de hechos que constituyen posibles delitos federales, la Sedena reconoció que no ha sancionado internamente a sus elementos ni ha presentado denuncias en contra de los implicados ante la fiscalía general de la República (FGR), bajo el argumento de que no le corresponde.
Recordemos que el ejército ha sido blanco de diversos conflictos contra civiles, y en muchos de ellos han sido acusados de violar las libertades de estos. Entre los casos más recientes se encuentra la represión de grupos de activistas en diversos estados de la República, como lo fue en el llamado 9N; en el que se reprimió y se hicieron presentes las agresiones físicas como golpes, amenazas y tortura sexual a las integrantes de la manifestación feminista en el municipio de Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo, el reciente desmantelamiento de la participación de integrantes de la Sedena en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa que, aunque no paso durante la administración del actual presidente, sí involucra al organismo al que quiere otorgar el total control de la seguridad del país. Este caso fue desmantelado por el grupo de hackers “Guacamayas”, mismo que ha dado mucho de qué hablar durante las conferencias matutinas debido a que el mismo presidente es quien avala la veracidad de la información revelada.
La mayoría de las víctimas de estos casos no ha obtenido justicia y tienen que vivir con la impotencia y coraje que implica ser parte de la población a la que el estado no les garantiza seguridad ni respeto a sus derechos. Estos tienen que soportar la indignante realidad de que ahora, las reformas militares representan la probabilidad de que hechos como el que ellos vivieron vuelvan a repetirse en el país (con esto, se deja en claro que la transición de la Guardia Nacional a la Sedena puede representar un quebrantamiento a los DDHH de la ciudadanía).
Aún con el conocimiento de la cantidad de casos de abusos por parte del ejército, el pasado 8 de agosto de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer en su conferencia matutina que, por acuerdo de la Presidencia de la República, la Guardia Nacional pasaría a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Este hecho evidenció la deficiencia de la estrategia de seguridad que ha implementado durante su gobierno y que la creación de la Guardia Nacional ha cumplido de manera parcial con el fin con el que había sido creada (dividir las necesidades del sector público del nacional) además de evitar que la seguridad siguiera a cargo de la policía federal, quien según el presidente era un órgano cimentado sobre corrupción.
¿En qué consiste esta reforma?
En la entrevista realizada a la Diputada Sue Ellen Bernal, explicó que la reforma se llevó a cabo en dos pasos. “El primero fue implementar una reforma constitucional, sin embargo, no fue posible porque no se obtuvo el número de votos requeridos para hacer las modificaciones, por lo que hacer modificaciones a leyes secundarias fue el camino que se tomó. Lo que nosotros estamos esperando es que la corte lo declare inconstitucional. Es por eso que las trabas que se ponen a esta transición son únicamente amparos. Ejemplo de esto es el amparo que dio la jueza Karla Macias en el estado de Guanajuato, que es muy importante porque aplica para todo el país. Y obviamente esta transición no se puede dar hasta que no quede concluido el amparo y también hasta que la corte de su resolución”. Además, afirmó que durante ese proceso ocurrió la primera votación, en ella PRI, PAN y Movimiento Ciudadano votaron en contra, sin embargo, las modificaciones fueron aprobadas porque solo se necesitaba una mayoría simple y esta es representada por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde.
El segundo paso fue explicado de la siguiente manera: “Posteriormente la Diputada Yolanda de la Torre (que pertenece al PRI) presentó una iniciativa para modificar el artículo quinto transitorio, en dicha iniciativa se estipula extender de 2024 a 2028 el plazo en que el titular del Ejecutivo federal pueda recurrir al Ejército y la Marina Armada en labores de seguridad pública, bajo el argumento de que estos años adicionales permitirán consolidarse a la Guardia Nacional”. Dicha iniciativa dio lugar al rumor de la ruptura de la alianza “Va por México” y el nacimiento del llamado “PRIMOR”. Además, se interpretó como una salida del juicio político al que se iba a someter a Alejandro Moreno, originado por conflictos con la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, quien es perteneciente al partido Morena.
Según la Diputada, el problema no es extender el lapso que Guardia Nacional y Sedena trabajarán en conjunto, el verdadero problema es que no existe una estrategia de seguridad concreta y que realmente sea clara. Para ella, esta transición se dio sin dar preparación previa a los integrantes de ambas dependencias y sin estudiar adecuadamente si lo que la ciudadanía necesita es tener a militares en las calles, porque se debe recordar que no todos los problemas de seguridad son solo crimen organizado y narcotráfico.
¿Los Derechos Humanos corren peligro?
“Se están fragmentando Derechos Humanos por el simple hecho de que no hay un respeto al debido proceso hacia la integridad de las personas, hacia el libre tránsito, hacia no violentar al artículo 139 constitucional y utilizar el quinto transitorio que fue el que les dio atribuciones a las fuerzas armadas”, afirmo el entrevistado Ángel O. Guajardo, activista y defensor de los DDHH.
Para Ángel, el problema con la decisión de implementar una estrategia de seguridad inició desde el sexenio del expresidente Vicente Fox, pues no existía una claridad sobre como se iba a combatir el crimen; posteriormente siguió la problemática con Felipe Calderón. Es justo aquí cuando lo único que se logra a partir de la llamada “guerra contra el narco”, es fragmentar los grupos criminales, que las problemáticas que eran de seguridad pública pasen a ser de seguridad nacional y que los grupos criminales pasen a ser considerados como terrorismo. Es por eso por lo que en los posteriores gobiernos se ven únicamente dos opciones para evitar que el estado se vea debilitado, especiar a la policía federal o mantener al ejercito en las calles.
Con esas opciones y con lo que se ha visto que el gobierno actual decidió, Ángel hace énfasis que la diferencia entre Guardia Nacional y Sedena parece ser casi nula debido a que ninguna de las dependencias está cumpliendo con las tareas que se supone deben estar ejecutando.
Además, con la supuesta reformación de la Guardia Nacional se entendería que los integrantes de lo que era la Policía Federal quedarían obsoletos, sin embargo, solo cambiaron de uniforme y trajo como consecuencia que el ejército pareciera estar más preparado para un trato con civiles. Esto se puede comprobar con las encuestas realizadas en 2021 y publicadas este año por el INEGI.
Sin embargo, la anterior gráfica no es sinónimo de que la inseguridad haya disminuido, pues a la par de que el aumento de confianza a las autoridades incrementó, la percepción de inseguridad y otras problemáticas, también aumentaron.
Presupuesto y niveles de poder
El reciente incremento al presupuesto de la Sedena, deja mucho qué pensar, pues las recientes declaraciones del titular de la dependencia, Luis Cresencio Sandoval, quien en una conferencia matutina afirmó que parte del presupuesto destinado a la dependencia, se ha utilizado para la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el tren maya, sucursales del Banco del Bienestar y parte (solo parte) del equipamiento de la Guardia Nacional y Sedena, organismos en los que principalmente se deberían estar utilizando los recursos y no en las que deberían ser catalogadas como obras públicas. La anterior declaración y la reciente aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2023, que contempla recortes a diversas instituciones. Por poner un ejemplo, tenemos el recorte a la institución encargada de democratizar los procesos electorales, que es el Instituto Nacional Electoral, además de aumentar seis veces más el presupuesto de la Sedena. Con las anteriores afirmaciones se puede llegar a la conclusión de que los recursos no se están utilizando como realmente se debería estar haciendo y que los recortes hechos a las “policías municipales y estatales” a lo largo y ancho del país no están justificadas.
“La ley es muy clara, la seguridad pública es civil y la tendrían que estar viendo las policías locales, municipales y estatales; la Guardia Nacional como una policía civil. La Sedena no debería tener un presupuesto para seguridad pública”, afirmó la Diputada Sue.
Además, agregó que el incremento de olas de violencia en los estados del país que realmente necesitan la intervención de la Fuerzas Armadas ha aumentado porque esta dependencia también está cumpliendo con tareas como construir, cuidar aduanas, puertos, aeropuertos y deja de lado las tareas con las que realmente deberían estar cumpliendo.
Para la Diputada, el problema va más allá de ser institucional y va más por el lado de una mala estrategia de seguridad, porque se está intentando desaparecer una institución de la noche a la mañana, sin el debido proceso de transición. Y lo que esto trajo como consecuencia, fue que el crimen organizado aprovechara el caos institucional para poder fortalecerse. Ejemplo de esto son las crecientes tasas de feminicidios desde 2019 (año de creación de la Guardia Nacional).
Tan solo en 2019, el número total de feminicidios en todo el país fue de 3874 (la cifra más alta registrada desde 1990).
Para Ángel, el estado actualmente cuenta con un exceso de poder, lo que trae como consecuencia que las corporaciones también lo tengan; la prueba de esto es el aumento y disminución a los presupuestos de las dependencias de manera injustificada. Corporaciones como Guardia Nacional dejan de ser eficaces y el Ejército comienza a ser perceptible como una corporación eficaz porque se está encargando de tareas que no le corresponden.
El estado se divide en tres componentes, territorio, población y poder. Cuando uno de estos componentes tiene mayor influencia que los otros, es necesario la intervención de instituciones imparciales para garantizar un justo juicio. Ángel explica que la situación que se está viviendo es un exceso de poder en el ejecutivo, mismo que no puede ser juzgado porque la instancia que lo debe regular es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y resulta incoherente que el poder ejecutivo sea quien se juzgue así mismo. “Deberían existir instituciones autónomas que puedan informar y proteger a la ciudadanía de esos abusos, esta instancia podría ser CNDH”. Sin embargo, Ángel también explica que es una acción que difícilmente podría pasar, pues a la hora de dar autonomía y poder para emitir sanciones a dicha corporación, trae como consecuencia un beneficio a la ciudadanía en general, transgresores o no. Dicho esto, para él, las acciones más eficaces serían que se atiendan de manera puntual las recomendaciones que emite CNDH para realmente ser una institución vinculante, que ayude a la prevención del delito y, sobre todo, que tenga efectos sobre el poder judicial.
La transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena es una decisión que ya fue tomada y para Ángel lo mejor sería simplemente especializar a las dependencias. “si ya se implementó una nueva dependencia para encargarse de la seguridad pública, lo mejor es simplemente especializarla y limpiarla desde los cimientos, hacer el debido proceso de seleccionar a sus integrantes y de ahí, ver quienes están capacitados para tratar con civiles”, también recalcó que la estrategia de seguridad no está funcionando y que el estado es consciente de ello, pero simplemente no se está cambiando nada porque existe un sesgo y se está viendo como un juego de poder en el que está el gobierno contra la ciudadanía por una lucha de razón.
Finalmente, recordaremos la importancia de las instituciones encargadas de hacer valer los DDHH, como lo es la CNDH, sin embargo, en México hace falta que los legisladores y la ciudadanía en general, exija mayor interés en que se legisle a favor de ellas. Los DDHH llegaron de manera formal al país a partir de 2011, lo que teníamos antes de ellos era solo un tratado (el tratado de San Lázaro), en dicho tratado, el gobierno se comprometió a respetar los Derechos y garantías individuales, y con la llegada de la CNDH, se comprometió a tratar de llevar a cabo las recomendaciones que este órgano hace al estado cuando se hacen denuncias en su contra. Lo ideal sería que se dejen de lado las recomendaciones y se comience a obligar al estado a actuar. Desafortunadamente esto no es posible porque nuestro sistema penal y judicial desconfía tanto de él mismo, que se pone candado sobre candado para evitar la corrupción, logrando solamente un entorpecimiento del correcto funcionamiento del estado.
Como ciudadanos responsables, deben involucrarse en la vida política del país. El hecho de que cada vez que enciendan el televisor y vean noticias negativas es solo el resultado de una sociedad que vive apática al futuro de sí mismos y al de las próximas generaciones. Los problemas seguirán ahí si desde la posición de cada uno no se exige nada, los cambios empiezan de manera individual y posteriormente de manera colectiva. Hoy la transferencia de la Guardia Nacional representa un quebrantamiento a los DDHH de todos, pero en unos años más ¿qué será lo que esté en peligro?
