Jesús Murillo Karam, ex procurador de la extinta Procuraduría General de la República, hoy detenido e investigado por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia durante su intervención en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela Normal de Ayotzinapa, es investigado también por delitos financieros.
La información fue corroborada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF por sus siglas) que informó que una empresa vinculada a los familiares de Murillo Karam fue beneficiada ilícitamente con contratos gubernamentales.
A través de una tarjeta informativa, la Unidad detalló “…se identificó que la referida empresa, en el periodo de 2013 a 2015, obtuvo licitaciones por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y en ese mismo lapso la PEP (Persona Políticamente Expuesta) tenía como secretario al hijo del entonces titular de la SCT (Gerardo Ruiz Esparza) por lo que, posiblemente se trató de un esquema de contraprestaciones mutuas, en donde a través de influencias se benefició con contratos a la empresa familiar”.
