Un juzgado de Bogotá declaró culpable al expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, en un fallo histórico que marca un antes y después en la justicia del país. La jueza Sandra Heredia emitió el veredicto tras más de 10 horas de audiencia, sentando un precedente al convertir a Uribe en el primer exmandatario colombiano condenado penalmente. Aunque el fallo es susceptible de apelación, establece que Uribe orquestó un plan para manipular testimonios a su favor durante una investigación por supuestos vínculos con grupos paramilitares.
Según la sentencia, el expresidente, quien gobernó entre 2002 y 2010, indujo al abogado Diego Cadena a presionar a testigos en prisión para que declararan falsamente a su favor, tras ser señalado en el Congreso en 2012 por el senador Iván Cepeda. La jueza afirmó que existen pruebas suficientes de que Uribe actuó “desde las sombras” para interferir en el proceso judicial, asegurando que “no cabe duda de que el procesado sabía de su proceder y lo ejecutaba conscientemente”. Uribe fue absuelto del delito de soborno simple, pero enfrentará una próxima audiencia en la que se definirá su condena, que podría alcanzar hasta nueve años de prisión.
El caso ha sido uno de los más mediáticos y polarizantes en la historia reciente de Colombia, extendiéndose durante 13 años y atravesando múltiples etapas judiciales. La decisión llega en un contexto de alta tensión política, con reacciones encontradas entre sectores del gobierno y la oposición. Mientras líderes del partido de gobierno, como el exsenador Gustavo Bolívar, celebraron el fallo como un triunfo de la justicia, figuras de derecha, como la senadora María Fernanda Cabal, cuestionaron la imparcialidad del proceso y calificaron el veredicto como una “instrumentalización de la justicia” contra Uribe.
A nivel internacional, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, criticó la sentencia, alegando que Uribe fue víctima de una persecución política. Sus declaraciones fueron respaldadas por congresistas republicanos con vínculos a Colombia. En contraste, el presidente Gustavo Petro reiteró que el Estado respeta la independencia judicial y rechazó las intervenciones extranjeras, calificándolas de “ultraje”.
La sentencia podría tener profundas implicaciones en la próxima campaña presidencial colombiana.
