El gobierno de Estados Unidos ha endurecido su postura frente al crimen organizado con un nuevo memorando emitido por la oficina del Fiscal General el 5 de febrero. En este documento, se detalla la orden del presidente Donald Trump de fortalecer las estrategias de combate contra cárteles y organizaciones criminales transnacionales con el objetivo de eliminarlas por completo.
Como parte de esta iniciativa, se ha propuesto redirigir recursos federales para perseguir no solo a los principales líderes de estos grupos, sino también a integrantes de nivel medio, quienes desempeñan un papel clave en sus operaciones. Asimismo, el memorando contempla la aplicación de la pena capital para ciertos delitos relacionados con el crimen organizado, argumentando que esta medida serviría como una herramienta disuasoria contra la violencia de estas organizaciones.
El documento también incluye una serie de reformas que podrían ser presentadas en el Congreso para reforzar el marco legal en la lucha contra estos grupos delictivos. Con estas acciones, la administración busca debilitar las redes criminales que operan dentro y fuera de Estados Unidos, reduciendo su impacto en la seguridad nacional.
Expertos señalan que esta estrategia representa un enfoque más agresivo por parte del gobierno estadounidense y podría generar debates sobre la efectividad y las implicaciones legales de las medidas propuestas. Mientras tanto, las agencias de seguridad han comenzado a evaluar la implementación de estos cambios y su impacto en la lucha contra el crimen organizado.
