El Parlamento italiano ha dado un paso controvertido al aprobar una ley que prohíbe la gestación subrogada no solo en el país, sino también en el extranjero. Esta medida, impulsada por el partido de la primera ministra Giorgia Meloni, ha sido criticada por activistas que afirman que atenta contra los derechos de las parejas del mismo sexo. La normativa, que modifica un artículo de la Ley de 2004, extiende el concepto de ilegalidad en la maternidad subrogada más allá de las fronteras italianas.
La decisión del Senado refleja un enfoque restrictivo hacia la fertilización asistida y la maternidad subrogada, prácticas que en Italia se encuentran limitadas en su acceso. Actualmente, las mujeres heterosexuales casadas son las únicas que pueden acceder a la fertilización in vitro, incluso en clínicas privadas. En cambio, a las mujeres solteras y a aquellas que forman parte de una pareja del mismo sexo se les niega este derecho, lo que las obliga a considerar alternativas en otros países donde la gestación subrogada es legal.
La modificación legal ha generado un intenso debate en el país, con voces disidentes que argumentan que esta nueva restricción no solo limita las opciones de las parejas que desean formar una familia, sino que también discrimina a las personas LGBTQ+. Activistas y organizaciones de derechos humanos han expresado su descontento, subrayando que la ley crea un ambiente hostil para las familias no tradicionales.
Este nuevo marco legal en Italia se suma a una serie de medidas que han generado críticas internacionales por su enfoque conservador en temas de derechos reproductivos y de igualdad. Muchos ven la prohibición como una regresión en los avances conseguidos en la lucha por los derechos de las minorías en el país. La comunidad LGBTQ+ en Italia ahora enfrenta desafíos adicionales en su búsqueda por construir una familia.
Con el auge de la gestación subrogada en otros países, la prohibición de Italia podría impulsar a más parejas a buscar opciones en el extranjero, aumentando el riesgo de que se enfrenten a situaciones complicadas y a la falta de protección legal. En un contexto donde los derechos reproductivos son un tema en constante evolución, la decisión del Parlamento italiano marca un hito en la política de salud y derechos familiares.
