Venezuela ha tomado medidas legales contra el presidente argentino Javier Milei, su hermana Karina Milei, quien se desempeña como secretaria general de la Presidencia, y Patricia Bullrich, ministra de Seguridad. Esta acción fue anunciada por el Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, quien ha asignado a dos fiscales para gestionar la emisión de órdenes de captura en su contra.
Los acusados están involucrados en el supuesto “robo” de un avión de origen venezolano-iraní que fue incautado en Buenos Aires en 2022 y posteriormente enviado a Estados Unidos en 2023. En una reciente conferencia de prensa, Saab calificó a Milei como un “peligro brutal” para el hemisferio y mencionó que el caso del avión de Emtrasur ha llevado a su oficina a abrir una investigación, apoyándose en normas de derecho internacional y en leyes vigentes en Venezuela.
Además, Saab indicó que su oficina examinará posibles crímenes de lesa humanidad en Argentina, en respuesta a los “ataques” contra manifestantes, tanto ancianos como jóvenes, durante las protestas contra el gobierno argentino. Afirmó que Milei ha estado atacando a Venezuela y sus instituciones democráticas, así como a aquellos que defienden el nacionalismo bolivariano como un enfoque de liberación.
Desde Argentina, el Ministerio de Exteriores ha rechazado categóricamente las órdenes de captura solicitadas por Saab. En un comunicado emitido a través de su cuenta oficial en X, el gobierno argentino expresó su repudio a las acciones legales, subrayando que el incidente del avión de Emtrasur fue abordado por el Poder Judicial, que se considera independiente.
El gobierno argentino destacó que existe una clara separación de poderes y una independencia judicial, lo que contrasta con la situación en Venezuela, donde las instituciones enfrentan críticas por su funcionamiento. Esta tensión entre ambos países pone de relieve las crecientes fricciones políticas en la región y las repercusiones de las acciones legales emitidas desde Caracas.
