El gobierno del ultraliberal Javier Milei anunció el jueves tras asumir la presidencia un endurecimiento de la política de seguridad para el control de protestas callejeras en Argentina, en la misma semana en la que se implementó un plan económico de fuertes ajustes que ha generado el rechazo de sindicatos y organizaciones sociales.
“Las cuatro fuerzas federales, más el servicio penitenciario federal, van a intervenir frente a cortes, piquetes o bloqueos, sean parciales o totales” de calles, carreteras y puentes bajo jurisdicción federal, adelantó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en conferencia de prensa. “Toda persona que esté en la vereda no va a tener problemas”, señaló la ministra, al aclarar que el derecho a la protesta consagrado en la Constitución está garantizado.
Según el nuevo protocolo de orden público, los cuerpos de seguridad federales emplearán “la mínima fuerza necesaria y suficiente y será graduada en proporción a la resistencia” hasta que las vías públicas queden liberadas.
También contempla la prohibición de protestar con el rostro tapado que impida la identificación del manifestante y la portación de palos. “La ley no se cumple a medias. Se cumple o no se cumple. Nosotros la vamos a cumplir”, remarcó Bullrich
