El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano (GPMC) presentó una iniciativa para sancionar con hasta 60 años de prisión y multas de 905 mil 120 pesos a quienes recluten a niñas, niños o adolescentes con fines delictivos. La propuesta, encabezada por la diputada Ruth Salinas Reyes, busca tipificar de manera específica el delito de reclutamiento forzado de menores en el Código Penal estatal.
Delito y sanciones propuestas
La iniciativa establece que el delito se configura cuando alguien obligue a menores a integrarse a pandillas, fabricar, portar, usar o traficar armas prohibidas, o realizar actividades relacionadas con actos ilícitos como vigilancia, mensajería o transporte de objetos vinculados a crímenes. La pena máxima se aplicaría en casos agravados: cuando los menores estén bajo custodia de padres, tutores o personas con autoridad, y exista violencia física o psicológica.
Además, se contemplan circunstancias agravantes como orfandad, situación de calle, abandono familiar, discapacidad, migración, o cuando el delito sea cometido por servidores públicos o cuando la pandilla busque cometer delitos graves. En estos casos, la sanción sería de 60 años de prisión y la multa equivalente a 8 mil veces el valor diario de la UMA. Para otros casos sin agravantes, se propone 30 años de cárcel y multa de 452 mil 560 pesos.
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Falta de tipificación actual
Actualmente, el Código Penal estatal contempla algunas conductas de reclutamiento forzado, pero con penas de hasta 10 años, lo que deja fuera muchos escenarios de explotación de menores. La propuesta busca crear un capítulo específico llamado “Delito de Reclutamiento Forzado de Niñas, Niños y Adolescentes”, reforzando la protección de los derechos de la infancia.
Datos preocupantes
En 2022, la Secretaría de Gobernación reportó que 20 mil 327 menores fueron víctimas de reclutamiento forzado en México, de los cuales 3 mil 951 permanecían desaparecidos. La Red por los Derechos de la Infancia alerta que unos 200 mil menores están en riesgo de ser captados por grupos delictivos, con mayor incidencia en estados como Baja California, Colima, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos y Estado de México.
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