En comisiones del Congreso del Estado de México avanzó la propuesta del diputado Mariano Camacho para inscribir en la Constitución estatal los programas sociales que operan en la entidad, con el objetivo de garantizar su permanencia, presupuesto asegurado y blindaje contra el uso político-electoral. La iniciativa, presentada a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, fue discutida en sesión conjunta de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Desarrollo y Bienestar Social.
El planteamiento busca reformar el párrafo noveno del artículo 5 de la Constitución Política del Estado de México, para que los recursos asignados a los programas sociales se entreguen de manera puntual y sin recortes injustificados. Asimismo, propone que las mujeres en situación de vulnerabilidad cuenten con un respaldo firme y permanente por parte del Estado, evitando que queden sin protección.
Camacho enfatizó que el combate a la pobreza es una responsabilidad compartida por todos los actores de la vida pública, y que los programas sociales deben fortalecerse y elevarse a rango constitucional para garantizar su continuidad. También subrayó que estas acciones deben permitir un crecimiento progresivo en el presupuesto y en el número de beneficiarios, priorizando criterios que ayuden a más mexiquenses a salir de la pobreza.
Durante la sesión, se presentaron además otras cuatro iniciativas en la misma materia: una enviada por el Gobierno del Estado de México y tres más por legisladores de distintos partidos. Pese a las diferencias políticas, se reconoció la coincidencia en la necesidad de proteger y ampliar estos apoyos para las familias de la entidad.
El legislador señaló que su propuesta busca impedir el uso de los programas sociales como herramienta de presión o compra de votos en procesos electorales, y garantizar que se mantengan como políticas públicas sólidas y transparentes. Además, recalcó que la seguridad social y la atención a sectores vulnerables deben ser derechos constitucionales, no concesiones temporales.
De ser aprobada, esta reforma representaría un paso significativo en la institucionalización de los programas sociales en el Estado de México, blindándolos ante cambios políticos y asegurando su continuidad como ins
