Un operativo conjunto entre fuerzas federales y estatales logró desmantelar una red de extorsión que operaba en al menos 14 municipios del Estado de México. La acción, denominada “Operativo Liberación”, se realizó el lunes y dio como resultado la detención de ocho personas, la ejecución de 52 cateos y el aseguramiento de grandes volúmenes de mercancías y materiales.
La intervención fue coordinada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía del Estado de México y la Secretaría de Seguridad estatal, con apoyo de la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina y el Centro Nacional de Inteligencia. En total, participaron 63 células operativas integradas por 2 mil 866 elementos.
Las autoridades detallaron que los cateos se llevaron a cabo en establecimientos relacionados con materiales de construcción, alimentos, ferreterías, rastros y oficinas sindicales, los cuales presuntamente funcionaban bajo esquemas monopólicos. Se detectaron prácticas como el acaparamiento de insumos, venta con sobreprecios de hasta 400% y amenazas a comerciantes para forzar la compra a proveedores controlados por la organización criminal.
La red desmantelada tendría vínculos con La Familia Michoacana, grupo delictivo con presencia en el sur del Edoméx y la región limítrofe con Michoacán. Según la investigación, este grupo controlaba rutas de transporte de mercancías, distribución de productos básicos y suministro de materiales, imponiendo cuotas bajo amenaza o violencia.
Durante el operativo se cumplimentaron siete órdenes de aprehensión por secuestro exprés con fines de extorsión. Además, se detuvo en Quintana Roo a Bernardo Alejandro “N.”, señalado como pieza clave dentro de la estructura criminal.
Este despliegue forma parte de la estrategia nacional contra la extorsión, impulsada desde el 6 de julio por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum. En total, se han detenido 48 personas relacionadas con este delito.
Las autoridades informaron que continuarán con los operativos y procesos judiciales para lograr la extinción de dominio de los bienes asegurados, con el objetivo de recuperar el control territorial y económico en las zonas afectadas.
