El 10 de febrero, propietarios de barberías en Atizapán de Zaragoza se manifestaron frente al palacio municipal para exigir justicia tras las clausuras de sus negocios en el marco de la Operación Atarraya. Los manifestantes denuncian que muchos de los establecimientos fueron objeto de acusaciones falsas y han sido víctimas de una presunta criminalización sin pruebas. A lo largo de la protesta, destacaron lemas como “¡Justicia para los barberos!” y “¡Regulación sí, corrupción no!”.
Un caso que resalta es el de Armando Esquivel, propietario de la Barbería El Catrín, ubicada en Santiago Miltepec en Toluca. Esquivel denunció que fue víctima de un cargo fabricado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Según su relato, el viernes 8 de febrero, agentes de la FGJEM y la Guardia Nacional arribaron a su negocio tras recibir una denuncia anónima que lo acusaba de distribuir drogas. Durante la revisión, encontraron un envoltorio con presunta droga, pero Esquivel negó ser el propietario del paquete, mostrando un video en el que se observa a una persona dejando la bolsita en su local.
El patrón de acusaciones falsas también se repitió en otros negocios cercanos. En un video que circula en redes sociales, se puede ver a la misma persona dejando un paquete en varias barberías y estéticas de la zona. Los afectados aseguran que sus establecimientos son negocios familiares y que no tienen vínculos con actividades criminales. Además, lamentan que la Fiscalía no haya presentado pruebas claras y exigen una investigación transparente.
Ante esta situación, los dueños de los establecimientos afectados se están organizando para realizar una marcha de protesta en Toluca y Tepotzotlán el próximo martes. Los manifestantes piden la reapertura de sus negocios y solicitan que se detengan las clausuras injustificadas. También han manifestado su intención de acudir a las autoridades estatales, incluida la gobernadora Delfina Gómez, para presentar sus quejas y buscar una solución.
