La ex presidenta municipal de Santo Tomás de los Plátanos, Estado de México, María del Rosario “N”, fue vinculada a proceso por su presunta participación en el delito de extorsión. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) la señala como responsable, junto con su esposo y un presunto integrante de la organización criminal conocida como la Familia Michoacana, de exigir dinero a un trabajador de la construcción.
Los hechos que dieron origen a la imputación ocurrieron el 10 de diciembre de 2022. Un trabajador de la construcción que realizó una obra en la localidad se encontraba en la plaza municipal cuando fue abordado por un sujeto apodado “El Hércules”. De acuerdo con la denuncia, este individuo le advirtió que debía pagar 30 mil pesos si quería seguir trabajando en el municipio sin represalias.
“¿Sabes? No me gustan los foráneos que están trabajando en el municipio. Si quieres dormir tranquilo, vivir en paz y seguir trabajando en Santo Tomás, porque Santo Tomás es mío, debes darme 30 mil pesos. Quieras o no, vas a tener que trabajar en la empresa”, habría dicho el agresor, según el testimonio de
Momentos después, en la conversación intervinieron Pedro Luis “N”, exalcalde y hoy alcalde electo prófugo de la justicia, así como María del Rosario “N”, quien entonces ejercía la presidencia municipal. Ambos supuestamente refuerzan la amenaza, exigiendo la entrega del dinero bajo la advertencia de que, de lo contrario, el trabajador sería forzado a colaborar con el crimen organizado.
Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó pruebas que realizaron al juez del Poder Judicial del Estado de México (PJEM) para determinar que existían elementos suficientes para procesarla por el delito de extorsión. La Fiscalía solicitó un plazo de dos meses para continuar con la investigación complementaria; Sin embargo, el juez otorgó solo uno, debido a que ya existen personas investigadas por los mismos hechos.
Cabe recordar que María del Rosario “N” enfrenta otro proceso judicial por un caso distinto de extorsión, en el que presuntamente obligó a un trabajador del ayuntamiento a firmar documentos en su perjuicio.
El abogado de la exalcaldesa, Alexander Becerril, aseguró que su cliente contaba con un amparo para evitar su detención y encarcelamiento. Sin embargo, el juez determinó que dicho recurso no aplicaba a la segunda orden de aprehensión que le fue cumplimentada una vez que ya se encontraba recluida.
