El presidente López Obrador lo previó, y tan pronto como fue promulgada la reforma a las pensiones, un grupo de 727 personas presentó un recurso jurídico contra de el cambio constitucional que crea el nuevo Fondo de Pensiones del Bienestar, a través del cual se entregarán pensiones de casi 17 mil pesos a una primera generación de trabajadores jubilados a partir del próximo 1 julio.
Rodolfo Martínez y Sandra Minerva, de la firma Trusan & Roma Abogados, como representantes de las 727 personas acotaron que “…esta reforma es inconstitucional, toda vez que es retroactiva y además vulnera el principio de seguridad jurídica” señala el representante legal que apuntó mediante un video que la decisión de sus representados se fundamenta en lo que interpretaron como una afectación directa a la forma en que cómo ellos decidieron que iban a manejarse en el futuro sus recursos por parte de diferentes administradores.
El abogado advirtió también que varias dependencias estarían en vías de promover amparos “para evitar que se vean afectados sus ahorros” ya que consideran que les afecta de manera directa el cambio implementado por la administración lopezobradorista y los legisladores de Morena como sus aliados, al otorgar una tasa de reemplazo del 100 por ciento a los mexicanos jubilados que estén en la formalidad desde 1997 con un monto de hasta 16.777 pesos mexicanos, parámetro que se basa en el salario promedio registrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Este grupo de inconformes agrupados en esta denuncia colectiva, incorpora a servidores de diversas dependencias, quienes señalan que la modificación afecta el manejo de sus recursos en las Afores y la manera que ellos habían validado de manera formal.
Este primer amparo colectivo contra la reforma a la ley de pensiones fue presentado ante Palacio de Justicia Federal, con el total de firmas en la demanda de garantías.
