La cantante estadounidense Katy Perry, reconocida por éxitos como Roar y Firework, se encuentra en el centro de una investigación en España debido al posible impacto ambiental generado durante la grabación de su más reciente videoclip. La producción se llevó a cabo en el islote de Espalmador, una zona protegida situada en las Islas Baleares, Mediterráneo. Además, el rodaje incluyó escenas en las islas de Formentera e Ibiza.

El videoclip, correspondiente a su nuevo sencillo Lifetimes, que será parte de su próximo álbum 143, muestra a la artista disfrutando de diversas actividades en entornos naturales. En las imágenes, se puede ver a Perry recorriendo playas, paseando en moto, lanzándose desde un acantilado junto a otros participantes, y disfrutando de la noche en el mar.

Sin embargo, la Consejería de Medio Ambiente de las Islas Baleares ha informado que la productora responsable del video no solicitó el permiso necesario para filmar en Espalmador, una zona de alto valor ecológico. Aunque las autoridades han señalado que no se trataría de un delito contra el medio ambiente, sí han destacado que se trata de una infracción por la falta de autorización correspondiente.

Esta situación ha generado preocupación entre grupos ecologistas y autoridades locales, quienes subrayan la importancia de proteger las áreas naturales sensibles, especialmente en un entorno tan frágil como el de las Islas Baleares. La investigación continuará para determinar las posibles sanciones y medidas correctivas que se puedan tomar ante esta situación.

En Irak, una coalición de grupos liderados por mujeres está alzando la voz contra un polémico proyecto de ley que podría legalizar el matrimonio infantil desde los nueve años. Esta propuesta busca modificar la actual Ley de Estado Personal, que establece que la edad mínima para contraer matrimonio es de 18 años. Sin embargo, un estudio de UNICEF reveló que, a pesar de la ley vigente, el 28% de las niñas iraquíes se casaron ilegalmente antes de cumplir 18 años.

El proyecto de ley ha provocado una ola de protestas encabezadas por un bloque de 25 diputadas, quienes están enfrentando una gran oposición para impedir que la propuesta avance a la siguiente etapa de votación. La preocupación radica en que, de aprobarse, esta legislación podría abrir la puerta a la modificación de otros códigos civiles y penales, lo que podría legitimar delitos graves contra las mujeres.

Entre las voces críticas se encuentra la organización Kurda Social Kobestî, que se manifestó en Sulaymaniyah contra la propuesta. La portavoz de la organización, Mardîn Uzêr, advirtió que si esta ley se aprueba, los matrimonios ya no estarían sujetos a la autorización judicial, lo que podría exacerbar las violaciones de los derechos de las mujeres en el país.

Desde 2021, el gobierno iraquí, controlado por el Marco de Coordinación, ha implementado una serie de leyes que han restringido los derechos de mujeres, niñas y personas LGBT, lo que ha intensificado las preocupaciones sobre el futuro de los derechos humanos en Irak.