El gobierno mexicano, encabezado por Claudia Sheinbaum, ha reaccionado ante las recientes declaraciones del embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, quien criticó duramente la estrategia de seguridad implementada en el país bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador. A través de una nota diplomática enviada a la embajada estadounidense en México, el gobierno mexicano expresó su sorpresa y desaprobación por los comentarios de Salazar, los cuales fueron emitidos durante una rueda de prensa el 13 de noviembre.
En sus declaraciones, Salazar calificó como un fracaso la política de seguridad basada en la estrategia de «abrazos, no balazos», argumentando que no ha logrado reducir la violencia en el país. Además, el diplomático estadounidense acusó a los gobiernos mexicanos de negar la magnitud de la inseguridad que afecta a varias regiones del país. La postura de Salazar resalta un creciente distanciamiento con las autoridades mexicanas, especialmente en un contexto en el que las relaciones entre los gobiernos de López Obrador y de Estados Unidos han atravesado momentos complicados.
Recientemente, las tensiones entre Salazar y los líderes mexicanos se intensificaron, particularmente después de las críticas del embajador a la reforma judicial impulsada por López Obrador, y tras los incidentes relacionados con la captura de figuras clave del Cártel de Sinaloa, como Joaquín Guzmán López y Ismael “El Mayo” Zambada. En estos casos, tanto el presidente mexicano como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, responsabilizaron a Estados Unidos por los desbordamientos de violencia que siguieron a las detenciones.
En su respuesta formal, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) destacó su malestar por las palabras del embajador, subrayando que estas reflejaban una crítica directa a las políticas del gobierno mexicano. Salazar también sugirió a Sheinbaum que reconsiderara la política de «austeridad republicana» aplicada en seguridad, advirtiendo que podría empeorar la situación y generar más corrupción en las instituciones encargadas de la seguridad pública. Estas declaraciones llegan en un momento clave, cuando se anticipa un cambio en la administración estadounidense, con las elecciones presidenciales de 2024 a la vuelta de la esquina.
