En las últimas horas, las comisiones del Senado dieron un paso importante hacia la aprobación de la reforma energética que propone cambios significativos en las políticas de las empresas públicas del Estado, como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Este dictamen fue respaldado por 22 votos a favor, ocho abstenciones y uno en contra, correspondiente a la senadora priísta Claudia Anaya. A pesar de las críticas de la oposición hacia algunos aspectos de la reforma, sorprendió que decidieran abstenerse en la votación.

Este documento, que consta de más de mil cuartillas, plantea la expedición de ocho nuevas leyes y reformas a dos más, lo que incluye la creación de la Comisión Nacional de Energía, que sustituiría las funciones de las actuales comisiones Reguladora de Energía y Nacional de Hidrocarburos. En cuanto a la generación de electricidad, se busca que el Estado mantenga al menos el 54% de la participación, mientras que Pemex obtendría preferencia en la exploración y extracción de hidrocarburos.

La presidenta de la Comisión de Energía, Laura Itzel Castillo, destacó que este cambio busca devolver a Pemex y la CFE a manos del pueblo mexicano, con una mayor eficiencia y transparencia, operando bajo los principios de austeridad. A su vez, la diputada Claudia Anaya expresó que, a pesar de reconocer que algunas medidas de la reforma son positivas, persisten aspectos que limitan la inversión privada en el sector energético.

Por su parte, Ricardo Anaya, coordinador del PAN, destacó que el dictamen, aunque tenga aspectos positivos, continúa preservando una estructura similar a la reforma energética de 2014, la cual consideran problemática. Aseguró que no todo lo contenido en el dictamen es negativo, pero subrayó la necesidad de garantizar la producción de electricidad limpia, barata y accesible para todos los mexicanos.

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, nombró este lunes a Roberto Fernández González como nuevo tesorero de la Federación, según informó la Secretaría de Hacienda en un comunicado oficial. Fernández González sustituye a María Elvira Concheiro Bórquez, quien finalizó su gestión en este cargo.

El nuevo titular de la Tesorería cuenta con una amplia trayectoria en el sector público. Desde diciembre de 2018 hasta septiembre de 2024, ocupó el cargo de tesorero en el Gobierno de la Ciudad de México, donde tuvo un papel destacado en la administración financiera. Además, Fernández González fue subtesorero de Catastro y Padrón Territorial del Gobierno del Distrito Federal, cargo que desempeñó de 2010 a 2015. Durante su gestión, coordinó la actualización de la base de datos catastrales y supervisó la reingeniería de procesos dentro de este sistema. Asimismo, lideró el Programa de Modernización Catastral de la Ciudad de México.

En su carrera, ha ocupado diversos cargos en la administración pública, como gerente de Administración y Finanzas en el Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal, director de Administración de la Red de Transportes de Pasajeros del DF y subdirector de Economía Ambiental en la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal. Además, fue asesor del presidente del Instituto Nacional de Ecología.

Fernández González es licenciado en Administración por la UNAM y tiene un diplomado en Ecología, Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental por la Universidad Iberoamericana. Con su nombramiento, se espera que continúe con su labor en la mejora y modernización de los sistemas financieros y catastrales del país.

En menos de un mes, el sector privado mexicano ha abierto más de 50,000 vacantes laborales destinadas a los ciudadanos repatriados desde Estados Unidos, como parte de un esfuerzo conjunto entre el gobierno y la iniciativa privada. Según el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), 148 empresas han respondido a esta convocatoria, ofreciendo un total de 50,486 empleos para los mexicanos que regresan al país. Esta medida sigue al anuncio realizado el 23 de enero por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien presentó inicialmente una cifra de 35,000 vacantes.

El programa ‘México te abraza’, lanzado por el gobierno federal, busca apoyar a los mexicanos deportados por la administración de Donald Trump. Además de las vacantes laborales, el programa ofrece asistencia social, transporte dentro del país y una tarjeta con 2,000 pesos, con el objetivo de facilitar la reintegración de estos ciudadanos al país. El estado de Nuevo León es el que lidera la lista con la mayor oferta laboral, con 7,379 vacantes, seguido de Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato, Querétaro y Coahuila, que también presentan cifras destacadas de puestos disponibles.

El presidente del CCE, Francisco Cervantes Díaz, destacó el compromiso del sector privado para ofrecer oportunidades laborales a los repatriados, en el contexto de la creciente tensión por el regreso de Trump a la Casa Blanca. Los interesados podrán consultar las vacantes en los puntos oficiales de repatriación, como fronteras, aeropuertos y dependencias gubernamentales, o acceder a través del portal Conexión Empresarial Paisano.

Asimismo, Roberto Campa, director de Asuntos Corporativos de FEMSA, resaltó la colaboración entre el sector privado y las autoridades gubernamentales para facilitar el acceso de los repatriados a estas ofertas laborales. Empresas como Walmart, Sam’s Club, Oxxo, Bancoppel, Banamex, Bimbo, Coca-Cola y Bayer están entre las compañías que participan en este esfuerzo.

El narcotraficante mexicano, Ismael «El Mayo» Zambada, está considerando declararse culpable en un acuerdo con fiscales estadounidenses, a fin de evitar la pena de muerte. Su abogado, Frank Pérez, aseguró en una reciente declaración que el líder del Cártel de Sinaloa no desea enfrentar un juicio y está dispuesto a asumir la responsabilidad de un cargo relacionado con su involucramiento en el narcotráfico, siempre que no implique una sentencia de muerte.

En septiembre del año pasado, Zambada se declaró inocente ante un tribunal federal de Nueva York, enfrentando cargos por tráfico de drogas, lavado de dinero y posesión de armas. El mexicano, de más de 70 años, se encuentra bajo custodia de las autoridades estadounidenses desde julio pasado, luego de ser arrestado en un aeródromo de Nuevo México, junto con Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín «El Chapo» Guzmán, en una operación que significó un gran golpe para la lucha contra el crimen organizado en Estados Unidos.

El proceso judicial contra Zambada ha sido de gran interés internacional, ya que su figura es considerada clave en las operaciones del Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas y lucrativas del mundo. A pesar de su avanzada edad, Zambada ha mantenido una presencia fuerte dentro de la estructura del cártel, operando en distintas partes del mundo, principalmente en América y Europa.

El abogado de Zambada dejó claro que la oferta de declararse culpable se realiza con la intención de evitar una condena que podría terminar en la pena capital. Sin embargo, hasta el momento, la oficina del fiscal federal en Brooklyn, responsable de los cargos, ha preferido mantenerse en silencio sobre las negociaciones.